El sector agropecuario es el tercer sector más contaminante de España, con el 14% de las emisiones estatales. Solo en en el año 2019 la producción de carne fue la responsable de la emisión de casi 70 millones de toneladas de dióxido de carbono, advierte Luís Ferreirim, portavoz de Greenpeace.
Andalucía, líder en explotaciones ganaderas, con 114.000, concentra el 8,9% del total nacional, apunta, por su parte, Paloma Nuche, responsable del estudio Macrogranjas, veneno para la España rural, publicado recientemente por la organización.
La región, quinta en el ranking de emisiones, por detrás de Cataluña, Galicia, Castilla y León y Aragón, ha incrementado, por otro lado, en 719.000 hectáreas la superficies consideradas Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos (ZNV) durante la última década, de manera que, actualmente, el 25,8% del territorio se encuentra afectado. “La ganadería industrial es una de las principales causas de la contaminación de las aguas subterráneas por el vertido de purines y el empleo de fertilizantes”, explica Nuche. “Y este modelo intensivo está en expansión”, advierte Ferreirim.
Si bien en Andalucía tradicionalmente el tamaño de las explotaciones ha sido menor, la multiplicación de cabezas de porcino, las más perjudiciales para el medio, entre 2015 y 2020, con 589.890 y un 27,2% más, hasta alcanzar las 2,7 millones, y la proliferación de solicitudes para la instalación de macrogranjas han disparado las alarmas.
Al respecto, la situación es especialmente preocupante en Sevilla, donde se prevé un incremento de la cría porcina de un 10% en 2027, o en Granada. En esta provincia, la plataforma Salvemos el Altiplano, integrada por agricultores, vecinos y regantes, ha recurrido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por el Gobierno andaluz a las instalaciones de Cefusa (El Pozo-Grupo Fuertes) en Castilléjar, y ultima un recurso contencioso-administrativo contra las intenciones de la firma de duplicar su producción, pasando de 600.000 lechones al año a 1,2 millones. Greenpeace, que ha documentado graves escenas de animales desatendidos y falta de higiene, considera que ya es la macrogranja porcina más contaminante de España.
Según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, las emisiones de metano de esta fábrica alcanzaron en 2019 los 590.000 kilogramos, aunque la organización cree que pueden ser superiores porque el conocimiento y el monitoreo son incompletos. Además, la plataforma recogió hasta 30 muestras de agua en las inmediaciones de la planta y ha calculado un valor medio de la contaminación por nitratos de 31,4 mg/l, con cuatro muestras con valores superiores a los 50 mg/l, el máximo legal permitido para agua potable.
Por todo ello, Ferreirim pide a la Junta que frene los planes de expansión de esta explotación y no conceda más licencias de apertura por sus graves impactos medioambientales y sociales, al tiempo que reclama al Gobierno que tome cartas en el asunto.
“La movilización ciudadana es fundamental”, tercia, por su parte, Eva Pérez, coordinadora de la Plataforma Protección de la Ribera del Guadiana Menor, constituida el 20 de diciembre del 2018 contra el proyecto de la macroexplotación de Dehesas de Guadix promovido por Ramón Sabater por medio de la Sociedad Vagido Alto S. L. U, y que, con 50.000 plazas de ganado de porcino de cebo, se convertiría en la más grande de España.
Finalmente, la plataforma consiguió que el Gobierno autonómico no admitiera a trámite el Proyecto de Actuación por valorarlo como Plan especial. Antes, los responsables de la organización lograron movilizar a diez poblaciones del noroeste de Granada potencialmente afectadas por las emisiones contaminantes y los vertidos de purines.
“Involucramos a todos los partidos, reunimos a los vecinos de cada municipio y les explicamos las consecuencias”. El alcalde, Antonio Moraleda, del PP, se quedó solo y perdió el bastón de mando en las elecciones municipales de mayo de 2019.
Pero advierte de que no hay que bajar la guardia. En Zújar, se ha retomado las obras para la ampliación de una macrogranja de 6.000 cerdos justo al lado de los invernadores, que da trabajo directa e indirectamente a 2.000 personas. En términos generales, en cualquier caso, las comarcas de Granada y Guadix suman el 50% de las granjas orcinas y el 60% de las avícolas y en torno al 75% del número de ejemplares en ambos casos, según el estudio de la ganadería intensiva en las comarcas de Baza y Huéscar, firmado por Altiplano Unido por el Agua. El alto consumo de agua, la mala gestión de los residuos ganaderos, la producción desmedida de estiercol y nitrógeno excretado, el poco personal requerido para el mantenimiento ( de manera que no fija población al territorio, al contrario de lo que argumenta) y la amenaza para el desarrollo sostenible del geoparque de Granada son motivos suficientes, concluye Pérez, para continuar con las reivindicaciones populares.
