El Grupo popular del Senado ha formalizados una serie de preguntas en dicha institución, en demanda de que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos se pronuncie oficialmente sobre la decisión de Estados Unidos de trasladar a Vicenza (Itália) las fuerzas militares de reacción rápida en África que tenía afincadas en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparte con España.
En concreto, y según tales preguntas recogidas por Europa Press, el PP reclama al Ejecutivo que aclare "qué impacto tendrá, en términos económicos y de empleo", esta decisión de Estados Unidos, así como "qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar la pérdida de puestos de trabajo y que soluciones va a plantear, en caso de que lleguen los despidos", considerando que el cambio de escenario hace "peligrar los puestos de trabajo" de la plantilla civil de los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base, prestados por una empresa contratada a tal efecto por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, actualmente KBR.
La presencia de Estados Unidos
En ese sentido, recordemos que mediante una enmienda al convenio de cooperación entre Estados Unidos y España que regula el uso de la base de Morón, EEUU puede desplegar en estas instalaciones hasta un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles; habilitando dicha enmienda al recinto como base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África.
El presidente del comité de empresa de la base de Morón, José Armando Rodríguez Ardila (UGT), viene señalando que este traslado de tropas de EEUU "no tiene por qué tener impacto" en la plantilla española de la base de Morón, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora "no tiene por qué haber" consecuencias negativas en materia de empleo. "Estaremos vigilantes", indicaba no obstante hace poco.
En ese marco, el portavoz sindical recordaba recientemente que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África ha ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.
La plantilla española
El comité de empresa de los mencionados servicios civiles, en ese sentido, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.
No sobra recordar tampoco que KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón.
Y es que durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
En cualquier caso, la plantilla civil de la base reclama una reforma del convenio bilateral de defensa entre Estados Unidos y España que regula el uso de esta base, para introducir mejoras laborales y garantías de empleo.
