La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha aprobado la distribución de un crédito de 2.503.052 euros para el refuerzo durante el ejercicio 2022 de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en la provincia de Sevilla.
Estos fondos, aprobados ya en Consejo de Gobierno, "nos permiten garantizar el correcto funcionamiento del sistema, así como dar continuidad a las medidas puestas en marcha, sobre todo, después de que se hayan bloqueado unos presupuestos que contemplaban una inversión histórica", ha resaltado la delegada territorial de Igualdad, Ana González, en una nota de prensa remitida por la Junta este viernes.
El importe total aprobado para reforzar la gestión de la dependencia en Andalucía es de once millones de euros, cantidad que, "por primera vez desde 2012", se amplió el año pasado con un incremento de 710.070,10 euros, 151.153 euros más en el caso concreto de Sevilla.
Así, la Junta "consolida el giro en el modelo de atención a la dependencia impulsado desde la Consejería de Igualdad". "Un cambio que ha permitido alcanzar el mayor número de personas beneficiarias en la comunidad, más de 250.000, y elevar la cantidad de las prestaciones percibidas por encima de las 344.000", ha señalado la delegada.
En este sentido, desde el comienzo de la legislatura en el año 2019, se ha destinado al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a la dependencia en la provincia de Sevilla casi once millones de euros (10.943.111,16), es decir, 1.535.515,16 euros más que lo destinado desde el año 2015 al 2018.
Este esfuerzo ha permitido que sean atendidas, con datos a 31 de octubre de 2021, más de 50.363 personas en situación de dependencia en la provincia a través de servicios y prestaciones económicas. Durante 2021, además, la Consejería de Igualdad ha adoptado "numerosas medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia, alcanzado máximos históricos de personas beneficiarias y reduciendo la lista de espera".
La distribución se realizará entre los ayuntamientos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes y las diputaciones. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de informar y orientar a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.
"El compromiso de la Consejería de Igualdad y la consejera Rocío Ruiz con la dependencia es innegable desde el inicio de la legislatura", ha señalado la delegada territorial, quien ha recordado que, además, con la llegada de la pandemia por el coronavirus y la crisis social y sanitaria provocada "se han puesto en marcha todas las medidas a nuestro alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia para garantizar la seguridad y la protección de las personas y manteniendo el empleo asociado en todo el sector".
Para ello, se ha aumentado las ayudas extraordinarias para centros de día y centros residenciales, así como a las entidades locales competentes en la prestación del servicio de ayuda a domicilio de cara a minimizar el impacto económico en el sector y en el empleo. En este sentido, y tras años de congelación, se ha aprobado una subida del 12,3% en el coste de la hora del servicio de ayuda a domicilio y del 2,6% en el precio de la plaza de atención a las personas con discapacidad.
Además, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando, en el ámbito nacional, la propuesta para constituir un Pacto de Estado con el objetivo de "blindar" la dependencia como un derecho, iniciativa que cuenta con el respaldo del Parlamento andaluz, de los sindicatos y del sector.
