Están en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, pero ahí siguen. Han pasado más de tres años y así transcurre una situación que contraviene la Constitución, pero los interesados no se dan por aludidos. Su última actuación ha sido oponerse al proyecto de ley de Vivienda del gobierno. Son personas formadas. Largas carreras profesionales les adornan. Ocupan unos de los puestos más importantes de la arquitectura constitucional: Corona, Cortes Generales, Gobierno y Poder Judicial. Sobre este último la Constitución es clara: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial….”. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo…integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”. La plasmación de sus nombramientos es responsabilidad de las Cortes Generales.
El Partido Popular, que tenía mayoría absoluta cuando se eligió por las Cortes el actual consejo -y lo hizo sin remordimiento alguno- ahora pone todos los reparos posibles -personales y de procedimiento- con el objetivo de que puedan seguir en el cargo los nombrados cuando el PP disponía de mayoría absoluta. ¿Tiene nombre ese comportamiento? Tres años sin la renovación, como señala taxativamente la Constitución. ¿Puede cambiarse el sistema de nombramientos? De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial hay un sistema en vigor que puede -y seguramente deba- cambiarse- por las Cortes, pero primero hay que cumplir la ley. La caducidad del consejo es escandalosa. En diciembre de 2018 hubo un acuerdo parlamentario para la renovación preceptiva pero se produjo una filtración en un grupo de WhatsApp comandado por Ignacio Cosidó, senador del PP y anterior director general de la Policía. Este señor se jactaba de controlar “por la puerta de atrás” el consejo por vía del que iba a ser nombrado presidente del mismo, que era el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. La alusión a este magistrado tuvo como consecuencia su renuncia a formar parte de una candidatura que nacía marcada por un partidismo grosero. Desde esa fecha naufragó la renovación del consejo. Todo lo que ha venido después son excusas increíbles. La estrategia es desgastar al gobierno, incluido el de los jueces. La vivienda puede esperar. ¡Morro!
