“Un acoso personal por formar parte del Gobierno de la ciudad y que excede la labor de fiscalización de la oposición”. Así califica la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Claudia Márquez, la postura del Partido Popular que ha denunciado “presuntas” irregularidades que merecen una investigación como la que la concejala de Urbanismo promovió contra trabajadores de la empresa Esisa ante la Fiscalía.
Más explícito es Andalucía Por Sí, -de la misma tendencia política del Partido Andalucista en el que militaba su actual portavoz, Francisco J. Romero- que aporta incluso una cronología sobre las presuntas irregularidades para las que pide “responsabilidades políticas”. Esto es, el cese de la delegada.
En este caso no se ha referido -como sí hizo el PP- a la denuncia de Márquez a empleados Esisa, la empresa del suelo isleña, feudo que fue de los andalucistas del PA y que los socialistas se ufanan de habérsela arrebatado a quienes la mantuvieron viva incluso cuando ya no tenía razón de ser y sí muchas deudas. Pero ambos temas están en el candelero político con fuego cruzado.
Es necesaria la introducción porque se trata de un tema complicado para la comprensión de las personas que no son especialistas en Urbanismo -la mayoría- y muy proclive a los titulares políticos -por parte de todos los partidos- más virulentos conforme se va acercando el mes de mayo de 2023. Elecciones locales.
La propia delegada de Urbanismo -como lo ha hecho también el portavoz del AxSí- ha puesto la documentación a disposición de medios de comunicación para analizarla con pelos y señales.
Y también el partido 3R, que no tiene representación municipal, ha elevado a la Fiscalía las obras que ese están haciendo en la casa comprada por la delegada.
La Fiscalía ha solicitado documentación, como es preceptivo antes de admitir la denuncia a trámite y el Pleno municipal acordó revisar el expediente a propuesta de Vox. O sea, que todo el mundo está al tanto del asunto.
Pero también es cierto que salvo acusaciones de unos, defensa de la delegada y prudencia en quienes piden una investigación imparcial, no hay ningún dato objetivo al día de hoy que acredite irregularidad alguna que no sea el cruce de declaraciones políticas.
La delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, manifestaba a este periódico que precisamente el ser un cargo público la había hecho actuar con la máxima prudencia.
En esa vivienda que compró y que “estaba en ruinas”, “con la mayoría de los techos caídos en el suelo y muros agrietados” -que es el objeto de la polémica- ha actuado con un proyecto rehabilitador que “sobrepasa incluso” lo mínimo que exige la legislación en relación a la protección del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico. O sea, el Peprich.
Cuando adquirió la vivienda estaba totalmente alterada, pasando de una vivienda a dos viviendas, que abrió un zaguán de acceso y distribuidor a nueva escalera de madera en patio, ocupando el patio original de la tipomorfología.
Habían destruido la escalera original que se encontraba en la esquina y cuando compró la vivienda tiene un baño y alacena de cocina para dar cabida a las dos viviendas.
Orden de ejecución
El obispado había desalojado la vivienda por mal estado por denuncia de policía de 2017 y denuncia por vecinos en 2018. Por su mal estado se procede por los técnicos municipales a tramitar una Orden de Ejecución, como los más de 30 expedientes relacionados con estas órdenes.
“Este tipo de procedimientos se hace de forma habitual y se llevan a cabo de oficio sin informarme debido a situaciones de peligrosidad, insalubridad y mal estado. Cuando se tramita y se pone a mi firma no soy propietaria (de la vivienda en cuestión) y tengo que proceder a su firma por las competencias asignadas”, aclara la delegada.
Con la orden de ejecución podría haber promovido una demolición por ruina por el mal estado “y lo que hago es recuperar el patrimonio de la ciudad y cumplir con lo que especifica la propia ficha de la finca del Peprich”.
“De hecho, la bonificación que establece la legislación por adquirir esta vivienda con orden de ejecución en ruina es de 900 euros mientras que lo invertido por conservar los muros y eliminar los bichos de los muros supera en cuatro veces esa cantidad”, aclara Márquez.
La orden de ejecución requiere una actuación inmediata por la peligrosidad y el mal estado, así como una tramitación más tediosa que separa en dos proyectos las actuaciones.
Por un lado están las contempladas para cumplir de forma adecuada con la orden de ejecución y por el otro las obras de adecuación interior. Eso es lo que se ha hecho en Lazaga e incluso en el propio Ayuntamiento, separando proyecto de consolidación primero para actuar sobre la estructura, fachada y estanqueidad y luego se aborda el proyecto de rehabilitación.
Informe favorable
Las obras que se definen en el proyecto son obras de demolición parcial y consolidación con un proyecto redactado por técnicos competentes y visado por el colegio de arquitectos de Cádiz.
También autorizado con informe favorable por la Comisión Municipal de Patrimonio como establece su grado 3 de Catalogación y autorizada por Decreto por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando en el Expediente 1006-2017-30.
Ante el mal estado de la finca, su antigüedad superior al año 1890, las alteraciones que había sufrido para pasar de una a dos viviendas y con el objetivo de actuar de la mejor manera posible para la recuperación del patrimonio, se inicia una investigación para obtener información y plantear los proyectos.
En el catastro aparece de forma errónea un patinillo trasero. “Este patinillo al que se refiere PP y AxSí no existe en la realidad de la finca”, relata Márquez
Tampoco viene contemplado en el PGOU de San Fernando de 1991 ni en la planimetría de la finca que les facilita el Obispado. No viene contemplado en la planimetría de la Junta de Andalucía de 1994 y no se hace referencia a patinillo ni patio trasero en la ficha de Peprich.
“Físicamente no existía patinillo al adquirir la finca, existía una ocupación de la totalidad de la finca con habitaciones salvo en parte del patio principal como es coherente con su tipomorfología”.
En las actuaciones de demolición parcial y consolidación autorizadas se destapó la escalera original que se encontraba en ese espacio de esquina de la vivienda como corresponde a su tipomorfología.
Es una finca cuadrada de esquina con patio central que ventila a través de su fachada y patio central y que cuentan con escaleras cubiertas que acceden a la azotea y además al cuarto de apoyo o trastero de planta primera, tal cual se refleja en el plano de 1994.
Con el soporte de estos documentos se plantea el proyecto presentado para responder a la orden de ejecución, cuya tramitación normal requerirá que, una vez concluidos y realizados tanto este proyecto como el siguiente de adecuación interior, se proceda a la corrección de errores de forma normalizada que se realiza ante Catastro. Es una herramienta que Catastro pone a disposición de los usuarios para estos casos.
Sobre la supuesta ampliación de la finca, Márquez señala que como se explica por la planimetría consultada no es ampliación, “pero si hubiéramos querido llevar a cabo una ampliación para la ejecución de un techo de castillete que cubra la escalera, que además es la original de la finca y que estamos recuperando, podríamos haber ampliado 15 metros cuadrados, muy superior a lo que estamos ejecutando en el proyecto autorizado”.
Adecuación interior
La tramitación del proyecto de adecuación interior de vivienda unifamiliar se hace mediante Declaración Responsable con Proyecto (DR) como corresponde a las obras.
En este proyecto se contemplan las instalaciones, revestimientos, carpinterías, escalera…necesarias para poder dar habitabilidad a la finca y es autorizado por Informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio el 6 de Agosto de 2021 e Informe técnico favorable al proyecto de adecuación de fecha 11 de agosto de 2021.
En cuanto al cartel de las obras, no procede la instalación debido a que de conformidad con ley vigente en el momento de la tramitación de las obras, artículo 178 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, los carteles de obra se requieren a licencias de obras.
“Todas las acusaciones que se están realizando sobre mi persona sin fundamento han sido aclaradas con documentos oficiales y autorizaciones conforme a ley, dejando claro que se está actuando correctamente y sin irregularidades de ningún tipo”, dice Claudia Márquez.
La delegada de Urbanismo estudia además - así se lo hizo saber al Partido Popular- acudir a la Fiscalía para denunciar la escalada de los dos grupos de la oposición del Ayuntamiento de San Fernando más activos en este tema.
La versión de los hechos de Andalucía por Sí
¿Qué es lo que arguye el partido Andalucía por Sí (AxSí) para pedir responsabilidades políticas con el cese de la delegada de Urbanismo?
El portavoz Francisco J. Romero explica que el 24 de mayo de 2017, a requerimiento de la propia Delegación de Urbanismo, el Agente 131 de la Policía Local informa de la necesidad de pintado de la fachada.
El Obispado redactó y presentó alegaciones planteando la rehabilitación de la finca, su venta y la petición de un aplazamiento de cinco meses. Literalmente afirmaba en su alegación segunda que “para que el nuevo titular – al que se le comunicó esta orden de ejecución – presente la documentación técnica para la rehabilitación de la finca”.
El 19 de mayo de 2020, el cónyuge de la delegada presenta, siendo todavía titular registral el Obispado, un proyecto básico de ejecución de demolición y consolidación de la finca al amparo de una orden de ejecución que sólo planteaba el pintado de la fachada.
Seis días después, el 25 de mayo de 2020, se emite informe del arquitecto de Urbanismo en relación con el proyecto de demolición parcial y consolidación en el certifica que el proyecto presentado debe ser objeto de una solicitud de Licencia independiente aportando su correspondiente Proyecto con las justificaciones históricas oportunas para este tipo de finca catalogada con Nivel 3, Grado 1.
Autorización de las obras
Con fecha de 11 de junio de 2020 se decreta la autorización de las obras y la liquidación de las tasas teniendo por consiguiente conocimiento del expediente desde esa fecha.
El 27 de septiembre de 2020 por fin el cónyuge de la delegada de Urbanismo comunica al Ayuntamiento que el matrimonio había adquirido la finca sin especificar la fecha. Y el 10 de noviembre comunican el comienzo de las obras.
Ocho meses después, ya 22 de julio de 2021, presentan el proyecto de adecuación interior de la vivienda y en cuestión de días se informa y pasa la Comisión Municipal de Patrimonio.
AxSí detalla la existencia de una denuncia de un vecino colindante a esta finca en la que se alertaba de una medianera con levantamiento de un nuevo techo que invadía y no respetaba su mediana y de la apertura de un ventanal que daba a su patio y creaba una servidumbre ilegal si no existe acuerdo entre las partes.
El 21 de octubre, explica Romero, el mismo vecino presentaba escrito desistiéndose de la denuncia por haber llegado “a un acuerdo con la propietaria de la finca”, es decir, la Delegada de Urbanismo.
A este respecto, la delegada de Urbanismo ha explicado que en el transcurso de las obras un vecino que no reside habitualmente en la vivienda medianera con la nuestra con el que no habíamos podido contactar, presenta una denuncia en Urbanismo por nuestra obra, algo que no está fuera de lo normal en estas obras con fincas medianeras.
“Me localiza a través de una tía mía y hablamos, me pide que corte el goterón que se había dejado en el techo para que coincida con el eje del muro medianero y que cierre con ladrillos la medianera que separa nuestras viviendas para mayor seguridad y privacidad”.
“Queda muy satisfecho por la actuación y de forma voluntaria retira la denuncia. En ningún momento se denuncia el techo sino el saliente del mismo hacia su propiedad, algo que ajustamos in situ”. Un hecho que “se intenta tergiversar por los distintos grupos políticos con manifestaciones en redes y prensa”.
Datos del catastro
En el catastro consta una superficie de veinticuatro metros cuadrados de almacén en la primera planta que en la actualidad y tras la obra se ha ampliado a más de treinta metros cuadrados más los ganados en la planta baja en relación con el patio trasero, cuya última reforma consta en el catastro en 1950 lo que implica que no existía modificación alguna de dicho patio.
“Mención aparte merece un hecho cuanto menos sospechoso, que la delegada de Urbanismo haya contratado con fondos municipales y mediante sendos contratos menores a los dos arquitectos que le han firmado los proyectos de su casa por más de once mil euros el 28 de abril de 2021 y casi dieciocho mil euros el 11 de septiembre de 2020 respectivamente”.
“Y decimos firmado por el siguiente detalle final. En las páginas 152 y 398 del proyecto aparece al final de la página lo siguiente Claudia Márquez Ramírez La Arquitecta Noviembre de 2008. Y en las páginas 153 y 399 se dice que “El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución redactado por Doña Claudia Márquez Ramírez”.
