La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo esta semana un encuentro con distintas asociaciones de la flota de palangre gallega en la que constataron la necesidad de urgir al Gobierno central una solución al bloqueo de la venta de marrajo que padece el sector en los últimos años.
Así, se requiere terminar con el agravio comparativo que se produce en relación con otras flotas como la portuguesa, que sí pueden venderlo, incluso en puertos gallegos como el de Vigo.
La titular de Mar reclama que el Ejecutivo del Estado ponga fin a la "incongruencia" existente de que el sector cuente con unas posibilidades de captura de la especie, pero no pueda venderlas al carecer de cuota de comercialización.
El origen del problema está en la inclusión del marrajo en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flota Silvestres (Cites) en agosto de 2019, momento en el que se hizo necesario que las capturas de esta especie fueran acompañadas de un certificado que debe emitir la Secretaría de Estado de Comercio, previo informe favorable de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para poder ser comercializadas.
La paradoja se produce, explica Rosa Quintana, porque la especie tiene posibilidades de captura establecidas para este año y, mientras el Ministerio Pesca autoriza su captura, el Ministerio para la Transición Ecológica no establece cuotas de comercialización que permitan su venta.
Una situación semejante ya provocó tanto el año pasado como en 2019 el bloqueo de las capturas de marrajo, lo que llevó incluso a que el sector tuviera que destruirlas al no poder comercializarlas.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Asimismo, Quintana trasladó a los representantes del sector que la flota puede reclamar al Gobierno central responsabilidad patrimonial --daños y perjuicios-- por esta situación, como certifica un informe encargado por la Xunta a la Universidade de Santiago de Compostela que tacha de arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico el veto a la comercialización del marrajo.
Ese análisis también incide en que no tiene sentido impedir la venta del marrajo para preservar su estado cuando las cuotas de captura son fijadas por las organizaciones regionales de pesca y por la Unión Europea, con base en criterios científicos.
En esta línea, el documento también recoge que no es constitucional ni legalmente admisible separar la tramitación de la actividad pesquera de la comercialización de las capturas, algo que ponen en riesgo seriamente la rentabilidad de la flota gallega de palangre de superficie.
"Estamos ante una situación de desesperación total y ya le demandamos tanto a la ministra (de Transición Ecológica) Teresa Ribera como al ministro (de Agricultura, Pesca y Alimentación) Luis Planas que lleguen a un acuerdo entre los dos ministerios y adecúen las normativas que tienen a la realidad del sector", apunta.
Al encuentro con la conselleira do Mar asistieron representantes de la Organización de Produtores Pesqueiros (OPP) de Burela, de la Organización Nacional de Palangreiros de Altura (Opnapa), de Espadeiros do Atlántico, de la Asociación Empresarial Espadeiros Guardeses, de la Organización de Espadeiros Guardeses (Orpagu) y de la Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto e Ría de Marín (Opromar).
