Con motivo del 500 aniversario de la Casa de Contratación, el Ayuntamiento publicó un informe sobre la ciudad en el siglo XVI: ‘Sevilla, puerto y puerta de América’.
Medio milenio después, la opinión pública -hasta la nacional- ha comprendido que Sevilla lleva años convertida de nuevo en puerto y puerta, esta vez de residuos tóxicos y peligrosos con destino al vertedero de Nerva, en la cuenca minera de Riotinto, desde la que el pasado día 10 de marzo (2022) organizó una manifestación de protesta ante la sede del Parlamento andaluz para exigir su clausura.
El hecho que ha abierto los ojos de todos ha sido el envío al puerto hispalense de barcos cargados con miles de toneladas de desechos procedentes del desmantelamiento del astillero de Bijela, sito en Montenegro, un país extracomunitario.
Según Ecologistas en Acción, estas sustancias se unían a las 40.000 toneladas que con el mismo origen ya llegaron en 2019 y formaban parte de un total de 70.000 toneladas transportadas, por así expresarlo, a granel hasta los muelles del puerto sevillano, a escasa distancia de barrios como Heliópolis y Los Bermejales, por lo que asociaciones de vecinos, partidos políticos y entidades diversas han exigido el fin de este tipo de tráfico y que los puertos andaluces sean declarados “puertos verdes” comprometidos con la sostenibilidad.
Reglamento y certificación
La Autoridad Portuaria, cuyos técnicos no se percataron, al contrario que el Seprona, de que se habían descargado 500 toneladas más de las declaradas y que uno de los barcos procedentes de Montenegro no era el autorizado, ha tratado de eludir cualquier responsabilidad argumentando que por ser de interés general del estado, el puerto sevillano no puede negarse a recibir este tipo de sustancias, en cumplimiento del Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprobó el Reglamento Nacional de Mercancías Peligrosas en los puertos.
Pero, contrariamente a la tesis de su supuesta falta de autonomía, esa norma (artículos 4 a 8 y varios más) otorga al puerto de Sevilla la competencia para admitir, prohibir, limitar, mantener, retirar, embarcar y desembarcar materiales de este tipo en sus instalaciones aun cuando sus consignatarios -faltaría más- cuenten con permisos administrativos.
La Autoridad Portuaria, que ya no puede ponerse por más tiempo de perfil, no es la única descolocada por el vertedero de Nerva, del que ahora todos reniegan en Andalucía para evadir responsabilidades o/y porque les enfrenta a sus propias contradicciones.
El Gobierno andaluz y el de España han librado una batalla dialéctica para tratar de imponer el relato de que es el otro el competente en este asunto a la hora de conceder el permiso para la llegada de residuos tóxicos foráneos a Andalucía, vía Sevilla y con destino final Nerva.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras inaugurar unas instalaciones en el puerto de Huelva declaró que la competencia es “exclusiva” del Ejecutivo central, “que es quien lo ha autorizado”.
Inmediatamente salió a la palestra la Delegación del Gobierno en Andalucía para afirmar que quien realmente había dado el permiso mediante un informe favorable era la Junta, aun reconociendo de tapadillo en su argumentario que “al ser un material transfronterizo” es el Gobierno de España el que actúa, pero previo plácet del andaluz.
Finalmente, en uno de esos cruces de acusaciones y reproches la Junta admitió que se había limitado a certificar que había sitio en el vertedero de Nerva para depositar las 70.000 nuevas toneladas que se esperaban desde Montenegro.
Y, atención, este reconocimiento oficial de la existencia de espacio suficiente deja a su vez en evidencia el discurso de los ecologistas y de otras entidades que llevan años sosteniendo que el vertedero nervense está colmatado y que por tanto no caben más residuos.
Mentiras en evidencia
En medio de la polémica, la empresa gestora del vertedero, ahora Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), cuya sede está por cierto en la sevillana carretera de la esclusa, afirmó que “más de la mitad de los residuos que se gestionan en el complejo medioambiental de Nerva proceden de empresas andaluzas” y que las instalaciones “generan en Nerva más de 40 empleos directos y 150 indirectos, dando servicio a más de 800 clientes y contratando a más de 200 proveedores”.
Con esa declaración, DSM ha confirmado el engaño perpetrado por el Gobierno del socialista Manuel Chaves, que dijo en su día que el vertedero iba a dar servicio a las empresas andaluzas, especialmente las del triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz, cuando casi la mitad de los desechos no proceden de Andalucía (DSM dixit) y se acogen hasta de fuera de la Unión Europea, como ha demostrado el caso de Montenegro. Chaves, pues, ha propiciado un tráfico internacional de residuos tóxicos y peligrosos hacia Andalucía con el puerto de Sevilla como entrada.
Item más, voceros de la Junta, del Ayuntamiento de Nerva, del PSOE y, en definitiva, de los partidarios del vertedero, que lo presentaron como la alternativa para la cuenca minera de Riotinto a la por entonces crisis de la minería del cobre, sostuvieron que iba a crear del orden de 2.000 empleos en la comarca (repasen las hemerotecas). De nuevo DSM ha dejado en evidencia la gran mentira con que se suele justificar cualquier tipo de proyecto polémico, la mentira de los puestos de trabajo: en realidad sólo se han creado del orden de 40 empleos directos, ¡un 2% de lo que prometían!.
El Ayuntamiento lo pidió
El alcalde de Nerva, el socialista José Antonio Ayala, se acercó hasta el puerto de Sevilla durante la descarga de los residuos para que ahora (repasen las actas de los Plenos de su Ayuntamiento para ver, por ejemplo, su obstruccionismo para no convocar la Comisión de Seguimiento del depósito de residuos, motivo por el cual ha sido condenado por el Defensor del Pueblo) se visualizara su rechazo y exigir el cierre del vertedero. Y declaró que el pueblo lleva “más de 25 años soportando lo que nadie quiere” (en puridad, el próximo verano se cumplirán 24 años de su puesta en servicio).
¿No interesa recordar la historia ahora o interesa tergiversarla? Mediante la Orden de 16 de junio de 1995, publicada en el BOJA el 8 de julio del mismo año ( https://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/97/32 ), la Consejería de Medio Ambiente abrió una especie de concurso para acoger lo que eufemísticamente denominó “complejo medioambiental”, con una capacidad de 3,3 millones de toneladas y que precisaba del apoyo de los ayuntamientos interesados.
Se presentaron nueve candidaturas de otras tantas corporaciones municipales y todas se fueron retirando por el camino hasta que sólo quedó la del Ayuntamiento de Nerva.
Oposición del pueblo
Y, efectivamente, el pueblo nervense expresó su rechazo al vertedero con 4.000 firmas en contra de una población por entonces de 6.544 habitantes y con casi dos mil manifestaciones a lo largo de varios años, duramente reprimidas por la entonces gobernadora civil de Huelva y posterior edil en el equipo de Monteseirín en el Ayuntamiento hispalense, Rosamar Prieto.
Pese a la oposición de la mayoría de los nervenses en particular y de los vecinos de la Cuenca Minera en general, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Nerva, todos, votaron a favor de acoger el vertedero, para lo cual contaron con la complicidad de la Sociedad Anónima Laboral formada por los mineros de Riotinto. Los únicos que siempre estuvieron en contra desde el principio y dieron su apoyo al pueblo fueron los ecologistas.
Y añade el alcalde socialista: “No se pueden dar actividades molestas ni insalubres a menos de un kilómetro del casco urbano. Una granja de pollos, a nadie se le ocurre que se pueda poner a menos de un kilómetro, y aquí el vertedero está a 700 metros”.
El alcalde debería preguntarse y preguntarle entonces, especialmente a su correligionario y antecesor en el cargo en aquella época, el socialista José Villalba, cómo el Ayuntamiento de Nerva consideró el vertedero menos peligroso que una granja de pollos y por unanimidad de todos sus miembros lo declaró de interés social para cumplir una de las condiciones de la Orden de la Junta de Andalucía.
La doble moral
El PSOE de Espadas (que fue jefe de Gabinete de la Consejería de Medio Ambiente entre 1994 y 1996, cuando se gestó todo el proyecto del vertedero https://www.juntadeandalucia.es/boja/1994/151/9 ), partido que impulsó e impuso el depósito de residuos en Nerva, quiere ahora aparecer como el promotor de su cierre (sorpresas que da la vida) y ha pedido en la Diputación de Huelva que así se haga, previa compensación para resarcir al municipio.
Procederá la clausura del depósito conforme al informe de la Junta de 1998, según el cual debe ser recubierto y convertido en zona verde una vez colmatado (no alargar su vida con nuevas actividades y con la coartada de la economía circular), pero no cabe compensación porque el municipio recibió a cambio del vertedero inversiones en obras viarias, hidráulicas, sanitarias, sociales y deportivas por valor de 3.500 millones de pesetas, según admitió Villalba en noviembre de 2000, y percibe cada año un canon de la empresa gestora del vertedero (más impuestos medioambientales por parte de la Junta) en función de los residuos que se depositan (unos 678.000 euros en 2019).
El Consistorio nervense trató en 2012 de cambiar los términos del acuerdo con la empresa con el argumento del alcalde socialista de que el interés público perseguido por el convenio de 1996 “no es otro que la compensación a los habitantes del municipio de Nerva por soportar en su término municipal una instalación de semejante índole”.
Así se pone de manifiesto la doble moral de los sucesivos gobiernos locales socialistas de Nerva, que primero aceptaron, pese al rechazo de la mayoría de los vecinos, el vertedero por los ingresos que iba a reportar el canon por residuo depositado y por los empleos que iba a crear (¿?) y las nuevas industrias que iba a atraer (¿?), y ahora invocan el rechazo vecinal, que ellos despreciaron e incluso persiguieron, para exigir más dinero por soportar “una instalación de semejante índole”, cuando al principio la acogieron con los brazos abiertos.
