El Gobierno se ha remitido a la ley de 1870 al ser preguntado por sus "previsiones" para indultar a presos a ETA, recordando que este tipo de procedimientos se tramitan según el capítulo III de dicha norma, que recoge los requisitos para solicitar y conceder la medida de gracia.
"Los expedientes de concesión de indultos no se tramitan según las previsiones del Gobierno, sino en virtud de los cauces de solicitud establecidos por el capítulo III de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto", contesta el Gobierno en su escrito, fechado el 2 de marzo.
En dicha ley consta, entre otras cuestiones, que pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquiera otra persona en su nombre, así como el tribunal sentenciador, que tendrán que dirigir la solicitud al Ministerio de Justicia.
El Ejecutivo responde con estas breves palabras a la pregunta por escrito registrada por Vox, que quería saber los planes para indultar a presos de la banda terrorista durante el presente año de 2022 o antes de que finalice la XIV Legislatura.
El partido de Santiago Abascal relaciona la posible concesión de indultos con las exigencias de EH Bildu para excarcelar a los presos etarras, aprovechando la "debilidad parlamentaria del actual Gobierno", lo que les "hace temor lo peor".
Vox cita reformas legales y otras medidas impulsadas por el Ejecutivo central "destinadas al blanqueamiento de los presos etarras con la única finalidad de mantenerse en el Gobierno".
En este sentido, desconfía de la reforma de la ley 29/2011 de protección integral de las víctimas, recordando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses sin concretar su anunciado cambio para, entre otras medidas, regular un régimen sancionar que sirva como instrumento para terminar con los actos de homenajes a presos de ETA, los conocidos como 'ongi etorri'.
OTRAS RESPUESTAS ANTERIORES
También en respuesta a Vox, hace unas semanas el Gobierno informó de que tres presos de ETA han sido progresados al tercer grado por enfermedad grave desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa a mediados de 2018, asegurando que estas decisiones no se adoptan "en base al exclusivo informe de parte que presente la persona interesada".
Vox, PP y Ciudadanos han promovido diferentes iniciativas censurando la política penitenciaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionando el acercamiento de presos de ETA y las progresiones de grado.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación, fijada finalmente para el 26 de marzo, en rechazo al "Gobierno traidor". Se basan, entre otras cuestiones, en el informe judicial de la Guardia Civil que revelaba contactos entre el entorno de los presos de ETA y el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Desde Interior llevan semanas repitiendo que respetan la "legalidad vigente". Grande-Marlaska expuso en el Congreso que sólo se han revocado por decisión judicial tres de los 24 terceros grados para presos de ETA concedidos desde la Legislatura XIII, iniciada en mayo de 2019 --suman 28 terceros grados desde 2018--. Además, aludió a otras dos semilibertades otorgadas por el juez, pero en este caso en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias.
