El giro en el Sáhara irrumpe en una semana marcada por la guerra en Ucrania

El giro por sorpresa de Pedro Sánchez en el Sáhara Occidental, respaldando el proyecto de autonomía de Rabat, será otra de las cuestiones que marcará la agenda política de esta semana, que estaba totalmente condicionada por la guerra en Ucrania y su impacto económico.

La decisión de Sánchez, muy criticada por sus socios de Gobierno, de investidura y la oposición, introduce una variable más de incertidumbre en este escenario complicado por la guerra, al tensar las relaciones con Argelia, rival de Marruecos y principal valedor del independentismo saharaui, además de ser el mayor suministrador de gas natural a España.

En este contexto arranca una semana con los precios del gas, la electricidad y la gasolina disparados, en la que Sánchez culminará su ronda de contactos con líderes europeos después de viajar mañana a París y Bruselas y el martes, previsiblemente, entrevistarse por videoconferencia con el primer ministro irlandés, Micheal Martin, contagiado de covid.

Sánchez tratará de llevar una propuesta consensuada a la cumbre comunitaria del 24 y 25 de marzo para intentar promover una reforma del mercado energético que frene los precios mientras en el Congreso la oposición le pedirá cuentas por estas subidas descontroladas.

Entre tanto, el miércoles en la sesión de control del Congreso, el presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre cómo va a resolver las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y quiénes van a ser los que paguen los efectos de la guerra, aunque es probable que también le pidan explicaciones por apoyar los planes de Rabat en el Sáhara Occidental.

Será la portavoz popular, Cuca Gamarra, y los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y Más País, Íñigo Errejón, los protagonistas del interrogatorio a Sánchez de este miércoles.

De todas maneras, este mismo lunes, varios grupos políticos van a solicitar que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso para dar cuenta de este cambio de postura que ven con desconcierto.

La sesión de control en la Cámara Baja, como también en el Senado el martes, está muy centrada en la crisis energética y hay varias preguntas sobre este tema dirigidas a la vicepresidenta primera y responsable de Economía, Nadia Calviño; la titular de Transición Energética, Teresa Ribera; y de Transportes, Raquel Sánchez.

Al margen de la nueva situación derivada de la guerra, hay grupos que plantearán otros asuntos en el Pleno, entre ellos el PNV, que preguntará al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por qué no hay todavía una ley que regule el secreto profesional de los periodistas.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, deberá responder a Vox por haber insultado a las víctimas del terrorismo, según este grupo, "al acusarlas de mentir".

Por la situación del periodista vasco Pablo González, detenido en Polonia acusado de espiar para Rusia, vuelve a preguntar Bildu al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a quien el PP también le pedirá que informe de los próximos movimientos del Ejecutivo para apoyar a Ucrania.

Los populares también quieren que el ministro de Agricultura, Luis Planas, aclare cómo va a garantizar el abastecimiento de los productos básicos en medio de esta huelga de camioneros convocada por una asociación minoritaria y que está generando importantes problemas de suministro.

También las interpelaciones al Ejecutivo van en la línea de las consecuencias económicas y energéticas del conflicto en Ucrania (dos del PP y una del Grupo Mixto), aparte de otra de Vox por la huelga de camioneros y una de Ciudadanos para que se eliminen las mascarillas en el interior.

De las dos mociones que se debatirán esta semana, la del PNV está también relacionada con la crisis energética y habrá otra de Junts sobre la fiscalidad de las becas de los huérfanos del accidente provocado de Germanwings.

En cuanto a la actividad legislativa se debatirá, por ejemplo, la toma en consideración de una proposición de ley del PP sobre el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público y otra socialista para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Además, se celebrará el debate de totalidad del proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.