Antonio Montoro es secretario general de UGT FICA Cádiz pero, antes de todo, es hijo de trabajador de Delphi y ex empleado de la factoría que echó el cerrojazo en Puerto Real el infausto 4 de julio de 2007, dejando en la calle a 1.900 gaditanos. También es uno de los principales valedores del colectivo, apoyado masivamente entonces en multitudinarias movilizaciones populares en torno a la que se consiguió reunir igualmente a todos los partidos políticos, y, con posterioridad, estigmatizados por la opinión pública y abandonados por las administraciones.
A punto de cumplirse quince años de uno de los procesos de deslocalización más traumáticos de la provincia, aún pende sobre la cabeza de los damnificados la espada de Damocles a cuenta de un supuesto fraude en las prestaciones recibidas y las cotizaciones durante el periodo de formación que siguió al cierre de la fábrica. Montoro entregó el 3 de marzo un dossier a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un acto en la Universidad de Sevilla, con la secretaria regional de UGT, Carmen Castilla, en el que le pedía “que nos dejen en paz”, con la exoneración de los trabajadores.
El dirigente sindical relata en las dos primeras páginas del extenso documento, que incluye notas de prensa sobre la implicación del Gobierno en la solución industrial y social que se puso sobre la mesa, normativa sobre el compromiso de aportación de fondos públicos en el marco del Plan de Empleo Bahía de Cádiz y el convenio entre SEPE y Junta para hacerlo efectivo, así como los decretos de la Administración autonómica relativos a la formación mixta que recibió la plantilla, el calvario desde que conocieron los despidos.
“Entre 2007 y 2012 se desarrollan 16 reuniones y firmas de desarrollos de los mismos con la Junta de Andalucía para facilitar prejubilaciones, en unos casos, y recolocación y planes personales de inserción, en otros”, recuerda. El Gobierno regional, dejó de cumplir el protocolo suscrito “y deja en la cuneta a 500 afectados”, sostiene. Estos, solicitan prestaciones por desempleo, mientras que 1.070 se acogen a la formación y son dados de alta en la Seguridad Social con un salario mínimo, tal y como establecía el acuerdo alcanzado.
Montoro advierte de que entonces estalla la tama de corrupción de los ERE y, a partir de ahí, se desencadena “la pelea política entre PP y PSOE” y una pesadilla para los afectados. En julio de 2014, la Inspección de Trabajo emitió un expediente de la situación de los 500 ex Delhpi que cobraron los subsidios y se les hace llegar a los afectados que tenían contrato en fraude de ley; en septiembre de 2017, los juzgados 1 y 3 de lo Social da la razón al SEPE, mientras que el 2 hace lo propio con los trabajadores.
Por su parte, a finales de de 2016, el millar de exempleados que habían recibido formación reciben por parte de la Tesorería una comunicación anulando las cotizaciones de la vida laboral. “Esto es un claro enfrentamiento político y nosotros somos las víctimas del mismo, máxime cuando el expediente de la Tesorería dice claro que los trabajadores no tenemos nada que ver en todo esto, que estábamos obligados a lo firmado con la Junta de Andalucía, y en las sentencias del SEPE, está claro que no era una trama para cobrar prestaciones y los trabajadores no participamos en la elaboración de los cursos formativos”, argumenta en el dossier entregado a la ministra de Trabajo.
Montoro lamenta que la situación de los 500 afectados “es crítica”. “Tenemos casos de personas desahuciadas, viviendo en la calle, e incluso intentos de suicidios, con una media de edad ahora que supera los 50 años, muchos de ellos con la ayuda para mayores de 52, pero sobre todo sin salida laboral y a la espera de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”, agrega.
Por todo ello, el secretario general de UGT FICA Cádiz “entiende que el SEPE debe ir contra la Fundación Fueca (encargada de la formación y dependiente de la Universidad de Cádiz, y en la picota precisamente ahora por este motivo) de manera subsidiaria por estas prestaciones”, sugiere.
Montoro concluye en la introducción del informe que “el PSOE de Andalucía firmó un protocolo con los trabajadores siendo Gobierno en la Junta de Andalucía, ahora tiene una oportunidad de nuevo para hacer algo por esta gente”, y pide, como “única salida, la exoneración de los trabajadores de Delphi”, que, en su opinión “son claramente víctimas de políticas mal gestionadas” a los que no se les puede imputar dolo o culpa, ni pueden perder cotizaciones ni devolver las prestaciones.
“Tenemos que zanjar este tema”, reclama en el final de su exposición a Yolanda Díaz, a quien se pone a su disposición. “Solo pedimos que nos dejen en paz”, finaliza.
