El presidente de Abengoa, Clemente Fernández, ve improbable el actual plan de rescate del grupo, que beneficiaría básicamente a los fondos estadounidenses que controlan su deuda, y cree que el Gobierno debe impulsar un convenio de acreedores que salve a empresa y empleados con menos de la mitad de recursos públicos.
"El rescate de Abengoa puede costar al Gobierno mucho menos de los 249 millones de euros que ha pedido a la Sepi y además se puede dedicar realmente a salvar sus 8.700 empleos y no a los bonistas" a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -diseñado para socorrer a empresas amenazadas por la pandemia-, ha defendido Fernández en una entrevista con Efe.
La Sepi ha dado de plazo hasta el próximo domingo para que la empresa presente alegaciones a los informes finales elaborados sobre la petición de rescate de cinco filiales de Abenewco (filial operativa de Abengoa), en los que se ponen pegas a la operación alegando la gran cantidad de pleitos que el grupo tienen pendientes en diferentes países.
La inyección de los 249 millones de ayudas públicas a través del citado fondo activaría el resto de la reestructuración diseñada para la compañía, que contempla también un máximo de 300 millones de avales de los bancos para poder acometer proyectos y la aportación por el fondo Terramar Capital, que adquiriría el 70 % de Abenewco 1, de 200 millones (60 en capital y 140 en deuda).
Mientras, siete representantes sindicales de Abengoa permanecen encerrados en la sede de la Sepì desde el martes a la espera de que se les ofrezca una clara solución de viabilidad que evite la liquidación del grupo, al que se le agotan los plazos.
Fernández confía en que no se llegará a ver la liquidación del grupo -en concurso de acreedores desde hace más de un año-, ya que gran parte de sus negocios son viables.
"Desde el Consejo de Abengoa (matriz) estamos en contra de la solución de Terramar porque supone rescatar a los bonistas, a los grandes fondos americanos", ha explicado Fernández, que defiende que "el dinero español debe ser para proteger el capital español".
En este sentido, vería con buenos ojos que el Gobierno, que ya es el mayor accionista particular de Abengoa con el 3,1 %, aumente su participación en el grupo sevillano "en la medida en que considere oportuno".
CONVENIO DE ACREEDORES ANTES DE FIN DE AÑO
"Nosotros vamos a 'conveniar' la matriz (Abengoa SA) antes del 1 de julio ante los juzgados de Sevilla, para que el convenio esté votado y aprobado antes del 1 de septiembre. Luego se puede hacer una recapitalización de la matriz y aumentar la participación pública a través de una ampliación de capital" que sería secundada además por "accionistas y 'family offices' españoles", resume Fernández.
De esta forma, "las cifras de inversión del Gobierno serían mucho más bajas" que las que se están manejando ahora, porque no habría que dedicar ingentes recursos a pagar deudas, ya que se impulsaría un convenio "con enormes quitas" y todas las incidencias legales pendientes "se pueden quedar bloqueadas".
"Si logras amparar todo bajo un concurso y un convenio sería necesario mucho menos dinero", ha explicado el presidente de la matriz, quien ha cifrando en 8.700 empleos los que actualmente mantiene el grupo sevillano, después de que en lo que vaya de año se hayan destruido miles de puestos de trabajo por el fin de varios contratos de obra y la pérdida de los negocios en Perú, entre otros factores.
