Los transportistas de Cádiz han votado sí a la reanudación de los paros que el sector llevó durante tres semanas en marzo ante el encarecimiento del precio del combustible y la contratación a pérdidas, pero la última palabra la tendrá la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, dado el resultado contrario a la huelga en otras provincias como Sevilla o Córdoba.
La división se debe a que el Gobierno ha pedido aguardar al 31 de julio para ultimar el borrador del decreto ley prometido para este 30 de junio con el que se pretende poner fin a los abusos que se cometen con servicios por debajo de los costes, y el ofrecimiento a mantener abierta la negociación de manera directa con la plataforma.
“Los precios de los portes se mantienen igual que hace 20 años”, lamentaba esta semana Paco Palmero, camionero de tercera generación de Chiclana, nacido en la cabina del vehículo de su padre a la altura de El Chato, en Cádiz. Y señalaba directamente a las operadoras de transporte que, en muchos casos, “solo tienen un fax y un ordenador”, obteniendo únicamente beneficios de manera abusiva en su papel de intermediario.
Ilustra la precariedad a la que se enfrenta el sector con un ejemplo sufrido por él mismo la pasada semana.
“Me pidieron llevar 33 palés de Jerez a Frigiliana como el que me está perdonando la vida por 360 euros” , relata. “En gasolina, asumo un coste de 240 euros”, agrega. “¿Qué beneficio obtengo por todas esas horas de trabajo?”, se pregunta. Rechazó el encargo, “lógicamente”, porque para poder obtener algún rédito la factura tenía que ascender a los 750 euros.
Precisamente, respecto a la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, que el Gobierno prevé prorrogar, advierte de que “hay empresas que te lo descuentan de las facturas”, y, en cualquier caso, gasta un litro cada dos kilómetros de media, mientras siguen subiendo los precios. Finalmente, recuerda que arranque o no, sumando impuestos y costes de mantenimiento, su vehículo le cuesta cada día 150 euros.
