La Audiencia provincial de Cádiz ha emitido un escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos con las penas que solicita el Ministerio Fiscal para los componentes del equipo de Gobierno de Arcos entre los años 2011 y 2015 por presuntos delitos de prevaricación. El escrito solicita, así pues, la apertura de un juicio por los posibles contratos ilegales realizados en ese periodo en el Ayuntamiento supuestamente de forma irregular, llegándose a contratar incluso a algunos familiares y allegados sin prueba de selección alguna.
Los acusados son el entonces alcalde, José Luis Núñez y los concejales también del PP Juana María Morales, Domingo González Gil, María Elena Miras Quero, Sebastián Ruiz Reyes y Carlos de la Barrera Candón; y Manuel Erdozain Vega, Manuel Romero Gallardo, Petra Macías Cañas, Rosario León García, Leopoldo Pérez y Francisco Muñoz del grupo Ai-Pro. Todos fueron delegados municipales de distintas áreas.
Además, se acusa al anterior interventor municipal José Antonio Fernández de Álava. Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal abarcan los ocho y doce años de “inhabilitación especial para el cargo de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique una participación en el gobierno municipal, así como cualquier otro de ámbito autonómico, estatal o europeo”.
Según el escrito de Fiscalía, todos actuaron cuando realizaron o permitieron los contratos “con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del procedimiento de selección preceptivo y sin respetar los principios de igualdad, méritos y capacidad y publicidad exigidos en la Constitución”.
Asimismo, señala que “mientras que en el periodo en que fue alcalde de Arcos José Luis Núñez, habían venido celebrando numerosos contratos laborales ilegales, concediendo un empleo público a quienes ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o por pertenencia a su mismo partido político o con el que gobernaban en coalición, sin ajustarse a los principios mencionados que deben regir la función pública”. Además, manifiesta que “para conseguir su propósito, contaron con la estimable colaboración del entonces interventor en el Ayuntamiento de Arcos hasta septiembre 2013”, al que acusa de “actitud pasiva” ante esos contratos.
De momento, ni el equipo de Gobierno socialista de Arcos ni los propios acusados han realizado declaraciones después de trascender la acusación y las penas que solicita el Ministerio Fiscal.
