Huelva

La CHG inicia acciones para "salvaguardar" las lagunas de Doñana y cumplir con Europa

Está tramitando el encargo a Tragsa para la reorganización de la batería de sondeos de abastecimiento de agua a Matalascañas

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  • Balsa de riego en Doñana en una imagen de archivo. -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está tramitando el encargo a Tragsa para la reorganización de la batería de sondeos de abastecimiento de agua a Matalascañas en Almonte para salvaguardar los valores naturales en el ámbito de Doñana.

Según ha indicado la CHG en una nota de prensa, esta medida, que contempla una inversión inicial de 85.000 euros, "dará cumplimiento a la sentencia del tribunal Europeo de Justicia", que apremiaba al Reino de España a implementar, en su Planificación Hidrológica medidas que evitaran la alteración de los hábitats protegidos de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de Doñana, ocasionada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo costero.

Actualmente, Matalascañas se abastece de una batería de cinco sondeos con profundidades de entre 152 y 182 metros y una concesión máxima de 2,75 hectómetros cúbicos al año. De este volumen se extraen anualmente unos 2,2 hectómetros cúbicos de agua subterránea -en un acuífero que en esa zona tiene una recarga media de más de 70 hectómetros cúbicos-, para abastecer a una población estacional de 160.000 habitantes, que los fines de semana pueden llegar hasta los 300.000.

El objetivo de la actuación prevista consiste en la clausura de los dos sondeos existentes en el extremo oriental de Matalascañas y su sustitución por otros dos situados en el extremo más occidental, a fin de conseguir un ascenso en los niveles piezométricos en la zona más próxima al complejo lagunar para favorecer su recuperación.

Para ello, y con el fin de disipar cualquier incertidumbre sobre la capacidad de estos dos nuevos pozos, la primera actuación que se va a desarrollar consistirá en la ejecución de un sondeo de investigación. Así, desde la CHG han señalado que la medida ya cuenta con el permiso de la Secretaría General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, la autorización del Ayuntamiento de Almonte, titular de los terrenos, así como la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) durante todo el proceso.

De la misma manera, ha apuntado que una vez que se desarrollen estos trabajos y se compruebe la viabilidad del sondeo, la Confederación pondrá en marcha el proyecto para completar la actuación con la ejecución de un segundo pozo, la red de distribución "que permita conducir el agua aforada en estos hasta la red de abastecimiento al núcleo urbano", y la instalación de dos nuevos piezómetros, "con la finalidad de tener un mayor conocimiento del posible avance de la interfase agua dulce-agua salada en la zona".

A estos trabajos, que contarán con una inversión total de 1,2 millones de euros, se sumarán otras dos medidas contempladas en el proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, que entrará en vigor antes de que finalice el año.

Por un lado, la redacción del anteproyecto de actuaciones de ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas con un presupuesto de 30,7 millones de euros. Y, por otro, la inversión de diez millones de euros para sustituir todas las captaciones subterráneas por aguas superficiales procedentes de la ETAP del Tinto, en Moguer, en la Demarcación Hidrográfica del Tinto Odiel y Piedras.

"La sustitución de los sondeos de abastecimiento de Almonte supone una medida más de la ambiciosa batería que el Organismo de cuenca viene desarrollando para garantizar la protección del Espacio Natural y el uso sostenible de los acuíferos de Doñana", han destacado.

Asimismo, ha apuntado que solo en los últimos cuatro años, la CHG ha cerrado unas 600 captaciones -450 por sustitución de aguas subterráneas por superficiales, 95 por ejecución forzosa y 50 por los propios administrados en el seno de procedimientos de ejecución forzosa-. Por otra parte, en el último año se han realizado un total de 450 inspecciones. En el periodo 2020- 2021 se incoaron 101 expedientes sancionadores por detracción de aguas y se resolvieron 93 expedientes sancionadores.

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN

Desde la Confederación han apuntado además que desde 2018 se han culminado procesos "históricos" de regularización para "garantizar el desarrollo sostenible de la zona en 2.440 hectáreas, entra las que destacan las 1.414 hectáreas de la Comunidad de Regantes El Condado de Huelva", así como que se continúa revisando los derechos de aguas de las comunidades de regantes en suelo agrícola regable (SAR) y "avanzando en la declaración de sobreexplotación de las masas subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas".

"Concretamente en la constitución de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUMAs) que junto a la CHG trabajarán en la elaboración de un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine las medidas para garantizar el uso sostenible del recurso", ha añadido la CHG.

A todo esto, la futura implementación del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022- 2027 que recoge 93 medidas con una inversión de 184 millones de euros. Entre ellas, por su importancia y cuantía, destacan el recrecimiento del Agrio (34 millones de euros), el control de los volúmenes utilizados por usuarios y telecontrol de redes (28 millones de euros), y la conexión del Brazo del Guadiamar con la Marisma de Doñana (16 millones de euros).

Junto a estas, la CHG ha destacado otras líneas de intervención como la revisión de los títulos de derecho al uso de agua de los aprovechamientos en aguas existentes (6 millones de euros), la tramitación y finalización de expedientes de derechos de agua históricos (4 millones de euros).

También, actuaciones de aforo de ríos y manantiales y piezómetros para mejorar el conocimiento del cambio climático en los recursos hídricos (3,9 millones de euros), medidas para la mejora de la gobernanza en el entorno de Doñana (2,8 millones de euros) o la revisión y actualización de los derechos de aguas para su adecuación a la normativa (4 millones de euros).

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