El Ayuntamiento de San Fernando ha recibido este viernes una respuesta por parte de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se rechaza la posibilidad de introducir en el contrato del servicio de ayuda a domicilio la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas, que es una de las mejoras que lleva reclamando la plantilla desde hace varios meses y que es una de las razones por las que mantiene una vigilia permanente en el Ayuntamiento desde hace varias semanas.
Dicho órgano, que es el encargado de interpretar los contratos del sector público, entiende que la prestación se realice con una jornada laboral inferior a la establecida en el convenio colectivo aplicable no resulta ajustada a derecho, ni como criterio de adjudicación, ni como condición especial de ejecución del contrato.
En este sentido, existe numerosa jurisprudencia con sentencias firmes que rechazan la posibilidad de introducir mejoras sociales en los contratos públicos y se ciñe a los convenios colectivos, cuyo contenido solo es posible vía negociación con los agentes sociales, es decir, que las administraciones y, en este caso, el Ayuntamiento de San Fernando está atado de pies y manos y no puede incluir este tipo de cláusulas de manera unilateral.
Llegados a este punto, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, afirma que “nosotros pensábamos que podríamos meter este tipo de cláusulas para mejorar la situación de las trabajadoras, pero la Junta Consultiva nos ha dejado claro que no es viable”.
Una de las salidas más factibles al conflicto que pone sobre la mesa Rodríguez es que la nueva Orden Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio que está desarrollando la Junta de Andalucía en su contenido sobre las cláusulas sociales “sea más clara y contundente”, añadiendo que “el texto debe ser más determinante a la hora de establecer si los ayuntamientos pudiésemos introducir este tipo de cláusulas sociales y que, además, sean más potentes”.
El edil también entiende que es clave que esta nueva orden de la Administración autonómica se ponga en marcha a la mayor celeridad posible.
