El magistrado adoptó esta decisión en una providencia dictada después de que el pasado día 9 el tribunal le ordenara reabrir la causa principal sobre el secuestro –en la que están procesados los somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman– a instancias de cuatro de los 16 marineros retenidos que, tras personarse en el caso, pidieron la práctica de nuevas diligencias.
Los tripulantes solicitaron al juez que requiriera un informe policial sobre la pertenencia de los dos supuestos piratas procesados a un grupo de carácter terrorista, ya que de confirmarse este extremo cobrarían las indemnizaciones según lo establecido en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Ahora, Pedraz reclama a la Comisaría General de Información que finalice su informe sobre el grupo de piratas que participó en el secuestro del atunero “y su posible vinculación con la red Al Qaeda, como ponían de manifiesto en las diligencias policiales”.
Además, el juez ha pedido a los centros penitenciarios donde permanecen ingresados Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman que informen sobre las comunicaciones que han mantenido ambos durante su estancia en la cárcel.
A instancias de los cuatro marineros personados, Pedraz también ha ordenado que un forense les realice un examen médico para determinar si sufren algún tipo de secuela física o psicológica como consecuencia del secuestro, lo que les permitiría reclamar posibles indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos.
No obstante, no ha citado a los tripulantes para volver a tomarles declaración, como ellos habían solicitado, ya que entiende que “esa diligencia ya se ha practicado con todas las garantías”.
Sobre los daños materiales sufridos durante el secuestro, Pedraz recuerda que el armador del atunero, Kepa Etxebarria, los valoró durante su comparecencia ante él del pasado 17 de enero en más de medio millón de euros.
