Soy de una generación que ha nacido y crecido con democracia en este país, de hecho, tengo pocos recuerdos de Felipe González, sevillano y claretiano como yo y sí más de Jose María Aznar. Soy de los que no había conocido nada más que el bipartidismo hasta que Ciudadanos primero y luego Podemos irrumpió con fuerza.
Particularmente opino que el bipartidismo, además de sus innegables aspectos negativos, también tenía algunos positivos, los políticos tenían miras más a largo plazo que la próxima fecha electoral, ya que todo se basaba en un medido equilibrio entre el PSOE y el PP que se iban adaptando a medida que evolucionaba la sociedad.
Con la irrupción de los nuevos partidos, esto se convirtió en una partida mucho más estratégica, donde podías perder votantes a izquierda o derecha, dependiendo de si tus decisiones fueran más liberales, conservadoras o progresistas.
Esto ha acrecentado incluso dentro de los propios partidos la lucha entre sus diferentes corrientes, dándonos capítulos tan increíbles como la destitución y restauración de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE o la dimisión de Pablo Casado tras un ataque mediático orquestado desde su gabinete hacia Isabel Díaz Ayuso.
El ejecutivo actual lleva manejándose en una tensa cuerda toda la legislatura y lo que es la capacidad de diálogo que ellos llaman se ha convertido en una venta a plazos del Estado de Derecho español.
No sólo porque cada vez se les da más competencias y financiación a dos de las Comunidades Autónomas más privilegiadas del país a cambio de unos votos para continuar un proyecto de país que nunca debió empezar, sino que ahora ya se negocia con los mismos que saltaron las normas que un día todos nos pusimos para que queden impunes a ellas.
¿Es esto serio? Una persona que ha delinquido y no ha respetado el Código Penal español no debería estar legitimado para negociar estos asuntos y, mucho menos, un cambio en una norma tan básica se lleve a cabo con un apoyo tan pírrico con una mayoría absoluta tan fragmentada.
A todo esto se suma la propuesta de reforma del delito de malversación que también ayudaría a que no entrase en prisión un antiguo dirigente del partido que ha sido condenado por ser responsable de uno de los mayores casos de corrupción cometidos en nuestra democracia.
