La junta sectorial de los jueces de instrucción de Cádiz ha acordado por unanimidad la adopción de medidas urgentes “para reubicarnos en otro edificio” mientras se determina el estado del inmueble de San José, sede de ocho juzgados (cuatro de Primera Instancia y cuatro de Instrucción), clausurado por la Junta el pasado 17 de noviembre, y se acometan y concluyan las obras de reparación o, en caso de no ser viable esta opción, se busque “sede alternativa definitiva”.
Los jueces se han reunido una semana después de decidir la suspensión de la actividad judicial en las unidades judiciales afectadas hasta el próximo 5 de diciembre “ante la imposibilidad” de desarrollar sus funciones con normalidad. Sin embargo, a la espera de que la Junta comunique los resultados del estudio de habitabilidad realizado, cuyo plazo de terminación era de diez días, los magistrados de los cuatro juzgados de instrucción han advertido que “no se puede concebir” la paralización de los juzgados de instrucción “durante más de dos semanas”.
En un comunicado, han recordado que la jurisdicción penal presenta “caracteres diferenciadores” de la civil que hacen necesario “un tratamiento diferenciado”, por lo tanto, sostienen los magistrados, las medidas propuestas por la Consejería de Justicia –teletrabajo, salas de vistas alternativas-, y a día de hoy no concretadas en su integridad “no permiten desarrollar el trabajo diario sin merma de los derechos de los interesados, ni realizados los actos procesales imprescindibles para la correcta instrucción de las causas penales.
En concreto, se refieren a “diligencias esenciales” del proceso como declaraciones de investigados, testigos, peritos, realizar actos de comunicación, celebrar juicios, atender a abogados, procuradores o víctimas. De igual manera, alertan que al estar sujeta la instrucción penal “a plazos que no se suspenden”, la paralización de la actividad judicial por ausencia de sede física “produce un perjuicio, no solo a la instrucción penal sino a las partes del proceso, que pueden ser “serios” en determinados casos.
En esta tónica, advierten que las causas con preso “suponen un problema serio difícil de solventar”, dado que la paralización de la instrucción “no puede ir en contra de los derechos de los investigados, ni el derecho a la tutela de las acusaciones públicas y privadas”.
Mientras esperan una solución, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, mantendrá este viernes una reunión con operadores jurídicos de la provincia de Cádiz para estudiar la problemática surgida por la paralización de la actividad judicial tras el cierre de las dependencias de San José que albergan ocho juzgados (Primera Instancia e Instrucción) de Cádiz capital.
Justamente este viernes se cumplen dos semanas de la clausura del inmueble, que permanece cerrado a cal y canto desde entonces a la espera de los resultados del estudio de afección que acomete la Junta en colaboración con la UCA.
El cierre de los juzgados vino acompañado de la reubicación del Juzgado de Guardia en el edificio Carranza, y el compromiso de dotar de los medios materiales y técnicos necesarios para que el personal del resto de órganos teletrabajase mientras se acometía el estudio.
