Tanto la defensa de los acusados como fuentes del Tribunal de Relación de Lisboa, que ya aprobó su entrega, dijeron a EFE que esperan una decisión del máximo órgano judicial portugués en un plazo breve, de pocas semanas.
Los dos presuntos etarras son Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, apresados el 9 de enero por la Guardia Nacional Republicana de Portugal tras huir de un control policial español cerca de la frontera cuando trasladaban hacia territorio luso una furgoneta con explosivos y componentes para fabricarlos.
A estos dos detenidos en Portugal se sumó el pasado jueves Andoni Zengotitabengoa, sospechoso de montar un almacén de explosivos de la organización terrorista en la ciudad lusa de Obidos, cuyo proceso de entrega a España se espera que empiece a ser tramitado a partir de este lunes.
Luis María Vaz das Neves, presidente del Tribunal de Relación de Lisboa que el pasado día 25 de febrero aprobó la entrega a España de García Arrieta y Yáñez Ortiz y deberá examinar el caso del tercer acusado, dijo a EFE que el Supremo se pronunciará probablemente con rapidez en un asunto como este, aunque no tiene plazo para hacerlo.
Por su parte el abogado portugués José Galamba, que representa a los tres detenidos, declaró a EFE que antes de Semana Santa -a primeros de abril- espera novedades del máximo tribunal luso sobre el recurso que presentó el 8 de marzo para evitar la entrega de los dos acusados a las autoridades españolas.
Aunque fuentes jurídicas consideran que la decisión del Supremo cerrará el caso, Galamba no descarta apelar también al Tribunal Constitucional luso si considera que el fallo en contra de sus defendidos suscita alguna contradicción con la Carta Magna portuguesa.
Además de recurrir la orden de detención emitida por la Audiencia Nacional española contra los presuntos etarras, su defensa ha recurrido también la decisión del Tribunal Central de Instrucción Criminal de Lisboa (TCIC) de inhibirse a favor de la Justicia española en el proceso abierto en Portugal contra ambos.
Las acusaciones de los fiscales lusos contra García Arrieta y Yáñez Ortiz son mucho más leves que los delitos terroristas que se les imputan en España y sólo han formulado contra ellos cargos por robo de vehículo, documentación falsa y resistencia a la autoridad.
Pero el TCIC decidió ponerlos en prisión preventiva por la primera aplicación de una ley lusa antiterrorista de hace siete años y tras aceptar las acusaciones formuladas por las autoridades españolas.
En el caso de Zengotitabengoa hay diferencias jurídicas respecto a los otros dos detenidos, según reconoció Galamba en declaraciones públicas, dado que la Policía lusa le vincula directamente con actividades terroristas en territorio portugués, por su relación con el mayor polvorín ilegal confiscado en este país.
