El caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la denuncia de su exescolta Rafael Gallego, que vincula presuntamente a la regidora y a otros cargos con la entrega de datos a su hijastro por participar en una supuesta trama de narcotráfico sueca se complica por momentos. Así, la ‘Plataforma cívico-social marbellera-sampedreña’ ha dado un paso al frente y ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Marbella para pedir que se abra una investigación que esclarezca los hechos que ha declarado ante la Audiencia Nacional el exescolta de la alcaldesa.
Como publica 'Málaga Hoy', en la denuncia, la plataforma también solicita además que se dé traslado de dicha causa al Ministerio Fiscal. Asimismo, ha solicitado a la Audiencia Nacional que le permita personarse en la causa como acusación popular. La denuncia hace hincapié en que Gallego está procesado por un presunto delito de cohecho “tras conocerse que éste", presuntamente "a cambio de dinero, junto a otros no investigados, venían nutriendo a esta banda criminal de información reservada a la que tenía acceso con ocasión de cargo”.
Es por esto por lo que la plataforma solicita la apertura de “nuevas diligencias” o en su defecto, una investigación contra las personas a las que cita el Policía Local y ex escolta de la alcaldesa cuando hizo declaraciones ante el juez el pasado 21 de noviembre en las que “inculpa directamente -y presuntamente- a la alcaldesa de Marbella, al concejal de Seguridad Ciudadana y a otros mandos de la Policía Local como los -supuestos- responsables de “todo lo que ha hecho y por lo que se encuentra investigado por un supuesto delito de cohecho”. Cabe recordar que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional emitió el 29 de septiembre un auto de procesamiento en el que están procesados el marido de la alcaldesa, el empresario sueco Lars Gunnar Sune Broberg, y el hijo de éste, Joakim Broberg, entre casi una treintena de implicados en la causa judicial, por los presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas”.
El tribunal ha determinado tras la instrucción concluida que se trata de “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”.
