Este Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, contempla que el 70 por ciento de la inversión (11.900 millones) se destine a mejorar las redes ferroviarias de altas prestaciones y de cercanías, así como al transporte de mercancías.
El 30 por ciento restante (5.100 millones) irá a la mejora de infraestructuras viarias y al transporte colectivo por carretera.
La financiación se llevará a cabo con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
El plan se basa en un modelo concesional, por el que el Gobierno pagará las infraestructuras, una vez haya terminado su construcción y puesta en servicio, a través de un canon anual a las concesionarias a lo largo de un "amplio periodo de tiempo", unos 25 ó 30 años.
De esta forma, la repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014, cuando entren en funcionamiento las infraestructuras, y el impacto sobre los presupuestos del Ministerio de Fomento no superará el 8% de las partidas previstas para la realización de este tipo de proyectos.
Sólo se incluirán en el PEI los proyectos que estén en avanzado estado de tramitación, lo que permitirá aplazar el pago del canon a las concesionarias con el inicio de los desembolsos que éstas efectuarán a las entidades financieras.
La secretaria de Estado de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, en un encuentro con la prensa previo al anuncio oficial, destacó que se trata del plan "más ambicioso de infraestructuras con colaboración público-privada que nunca se ha hecho".
Rodríguez Piñeiro no concretó a qué proyectos se refiere la inversión de este plan, aunque sí indicó que tienen diferentes volúmenes de inversión, lo que permitirá la participación de empresas de diversos tamaños, y con ello "se fomenta la competencia y la cooperación entre las compañías del sector".
Asimismo, destacó que el plan, que se beneficiará de la inversión privada, estará sujeto al control público mediante las necesarias inspecciones y la aplicación "de las penalizaciones que procedan en su caso".
La secretaria de Estado de Infraestructuras apuntó que el PEI está destinado a impulsar la reactivación de la economía y el empleo a través de la construcción de infraestructuras.
