La moción consecuencia de interpelación presentada por IU-ICV –que ha acordado una enmienda de sustitución con el PSOE– ha salido adelante con 186 votos a favor (de estos dos grupos, junto con CiU, PNV, ERC y la mayoría del mixto), 145 en contra (del PP y UPN), y 1 abstención (Coalición Canaria).
La iniciativa insta al Gobierno a garantizar “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas”, de manera que si no lo garantizan las autonomías sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente, y a potenciar la Oficia de atención a las víctimas para facilitar los procedimientos.
También recuerda que el ordenamiento jurídico español “obliga a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio”, aunque declara su respeto a la interpretación que de las normas hacen jueces y tribunales.
IU-ICV no ha logrado el acuerdo del PSOE, no obstante, para constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una Fiscalía especial para estos crímenes y un Alto Comisionado para atender a las víctimas. IU-ICV ha pedido al Gobierno que “no eche agua al vino”.
