Así, a partir del 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Es decir, los ayuntamientos no podrán endeudarse a largo plazo durante todo el año 2011, un cambio significativo respecto al contenido original del decreto antidéficit publicado ayer en el BOE, que establecía que esta prohibición entraría en vigor desde hoy hasta el 31 de enero de 2011.
De esta forma, los municipios españoles tendrán siete meses por delante para solicitar créditos públicos o privados a largo plazo que les ayuden a financiar sus proyectos.
Asimismo, también durante todo el año 2011 los ayuntamientos tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
Precisamente, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado hoy a los alcaldes con representación en este organismo para analizar el contenido del decreto de medidas antidéficit.
Levantando ampollas
Tras conocerse el lunes que el Gobierno iba a prohibir desde este martes hasta 2012 que los ayuntamientos pudieran pedir créditos, varios municipios y dirigentes políticos cargaron contra la decisión del Ejecutivo.
Una de las más críticas fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que calificó de "burrada" prohibir a los ayuntamientos endeudarse porque pondría en riesgo los servicios que prestan las corporaciones locales.
Por su parte, el alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, reprochó al Gobierno que practique el "café para todos" al prohibir que los consistorios se endeuden.
Desde el PP, su coordinador de Política Autonómica y Local, Juan Manuel Moreno, rechazó la medida y acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de generar "una enorme alarma" y de llevar a la "bancarrota" al conjunto de las corporaciones locales.
El decreto antidéficit establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Dichos destinos pasan en primer lugar por sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones, según consta en la norma.
ANTECEDENTES
El Real Decreto Ley de medidas antidéficit establece una serie de medidas para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit público, entre ellas la prohibición de endeudarse a largo plazo desde el martes, fecha de la entrada en vigor de la norma, hasta el 31 de diciembre de 2011.
En concreto, el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiara, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
El ahorro en gastos de personal irá para el saneamiento
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011.
Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.
Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
