El doble crimen de Almonte, 10 años a la espera de culpable

Este jueves se cumplen 10 años del doble crimen de Almonte, un suceso que conmocionó a esta localidad onubense en 2013, en el que perdieron la vida Miguel Ángel y María, un padre y su hija de 8 años, tras recibir más de 150 puñaladas y que a día de hoy continúa a la espera de conocer al culpable del mismo.

Ambos fueron asesinados en su domicilio el 27 abril de 2013 y por ello fue acusado, juzgado y absuelto por sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo el que en esos momentos era amante de la mujer y madre de las víctimas, Francisco Javier Medina.

Desde un primer momento las familias reclamaron justicia, una petición que se cobró aún más fuerza tras esta absolución que evidenciaba que el asesino de Miguel Ángel y María seguía suelto.

Una vez la sentencia absolutoria fue firme, el caso fue reabierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado en enero de 2019 y desde entonces se han venido sucediendo las prórrogas en la instrucción, estándose a la espera de los resultados de algunas pesquisas que las familias consideran podrían arrojar algo de luz a lo sucedido.

La última prórroga fue acordada, a petición de la Fiscalía y al acusación particular, el pasado diciembre y finalizará el 29 de julio de 2023 sin perjuicio de que pudieran acordarse nuevas prórrogas si ello resultase necesario.

La jueza considera que en este caso "la naturaleza del delito investigado así como la existencia de diligencias pendientes de recibirse de las que pudiera derivar la necesidad de acordar otras nuevas hacen previsible actualmente que no será posible la finalización de la instrucción antes del día 29 de enero de 2023".

Además, la magistrada indica que "nos hallamos ante unos hechos de investigación compleja que han requerido numerosos informes periciales y diligencias de investigación policial, y cuya finalización no ha sido posible ni se prevé que pueda concluir en el tiempo que resta hasta alcanzar en la fecha indicada, por lo que es necesaria la ampliación del plazo de instrucción".

Entre las pruebas pendientes se encuentra el análisis de la manta que cubría el cuerpo de la pequeña, que desde diciembre de 2019 está en poder del Instituto Nacional de Toxicología, por orden judicial para someterlo a un análisis genético con el objetivo de poder extraer restos biológicos.

Las familias han instado en varias ocasiones a la autoridad competente a que acelere el proceso, al objeto de "tratar de aliviar un poco la angustia" que vienen sufriendo.