Juzgan a una mujer, a sus hijos y a su hermana por alzar bienes para eludir el IRPF

La Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para una mujer y dos años y medio para sus dos hijos, su hermana y otros tres acusados de alzamiento de bienes en operaciones financieras para eludir pagos a Hacienda por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por un total de 143.902 euros.

La Audiencia de Madrid ha señalado para el lunes el juicio por esta causa en la que el Ministerio Público sostiene en sus conclusiones provisionales que la primera acusada, M.G.G., llevó a cabo dichas operaciones, en las también intervinieron los demás acusados, para simular una situación de imposibilidad de satisfacer los 143.902 euros que le reclamaba la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011 cuando Hacienda comenzó una inspección a M.G.G. en relación al pago del IRPF de los periodos fiscales comprendidos entre 2006 y 2008, según relata el fiscal en su escrito de acusación.

Añade que el 16 de noviembre de 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera de 2006 y la segunda de 2007, por importes de 135.031 y 131.568 euros, respectivamente.

Explica que dichas actas fueron notificadas a M.G.G. el 12 de febrero de 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario el 20 de marzo de ese año.

De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes por importes de 51.496 y 60.6756 euros, respectivamente, notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.

"A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de Hacienda la acusada, con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago, se puso en contacto con varios familiares para actuar en connivencia para llevar a cabo actos de disposición patrimonial con la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas", señala la Fiscalía.

El fiscal detalla un total de trece operaciones en las que participaron sus dos hijos, su hermana y los demás acusados para provocar una supuesta situación de insolvencia.

A fecha de 19 de diciembre de 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902 euros, concluye la Fiscalía.