Las declaraciones de Ripoll se han producido en la Diputación un día después de que la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) le detuviera junto a otros diez arrestos en Orihuela, Alicante y Valencia en relación con la operación “Brugal”, que gira en torno a la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.
El presidente de la Diputación ha explicado que tanto el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, como el regional, Francisco Camps, le han transmitido telefónicamente su “apoyo”, aunque todavía “nadie” la ha comunicado los supuestos hechos que se le atribuyen.
Hoy prestará declaración ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela asesorado por sus abogados con un espíritu de “colaboración” y, previsiblemente, será entonces cuando se le informe de su situación dentro del proceso.
Ripoll quiso dar la cara ayer para ofrecer su versión ante decenas de periodistas al mismo tiempo que otro de los detenidos, el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules y que también ha sido citado por el juez para hoy, relataba que está tranquilo y que su empresa actúa con “legalidad y honradez”.
Precisamente la comparecencia de Ripoll (y de Ortiz) ante el juez de hoy se contradice con el contenido de una nota emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se indica que “no se ha acordado la citación judicial” alguna.
Esto es exactamente opuesto a lo explicado por Ripoll, quien incluso ha leído íntegramente la citación judicial supuestamente emitida por el juez de Orihuela.
Además, el conseller de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, cree que “para pedir expedientes administrativos no hace falta hacer un despliegue policial de tanta magnitud” y, con ironía, ha opinado que “ya que ha ido tanto número de policías” la Generalitat agradecería “muchísimo” que se quedaran para rebajar las tasas de criminalidad, sobre todo ahora que es verano.
Algo más allá han ido las alcaldesas populares de Valencia, Rita Barberá; Orihuela, Mónica Lorente, y Alicante, Sonia Castedo, en sus críticas a este despliegue, que la tercera ha tildado de “indignante” y “en plan película” el alto número de agentes.
A primera hora, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó la presunción de inocencia de todo ciudadano y ha lamentado que en España se use mucho “la pena del Telediario”, y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo que las “formas” obedecen a una “utilización partidista de los poderes del Estado de Derecho”.
Más lejos fue unas horas después Esteban González Pons al considerar que las detenciones fueron “confusas” y “echan tufo a detención publicitaria y política”.
También el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha denunciado la “doble vara de medir” que, según él, tiene Interior con la Comunitat.
