Pascual lleva haciendo caja con la Junta de Andalucía en los últimos años. Al concierto de 2017, de cuatro años de duración y 380 millones de euros, se suma el nuevo, suscrito en marzo de 2022, con un plazo de diez años y un presupuesto que asciende a 711 millones de euros. Pero la empresa privada ha estado en la picota, además, después de que el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobara a finales de 2022 el decreto del Consejo de Gobierno andaluz que autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a suscribir un acuerdo transaccional para abonar algo más de 121 millones de euros para poner fin a procedimientos judiciales en curso con la entidad mercantil originados entre los años de conciertos por la Administración autonómica con dicha entidad entre 2011 y 2017. La Administración autonómica realizará un pago anual, el primero de ellos antes de acabar el pasado ejercicio, por 25 millones.
“La solución” a los litigios abiertos entre la Junta de Andalucía y la empresa “no es regalarle 121 millones”, sino “llegar hasta el final” en los tribunales, afirmó la socialista María Ángeles Prieto, al tiempo que acusó a Pascual de llevar a cabo “prácticas reprobables”, “abusar” de la Administración gracias al monopolio en el sector privado y “negociar con la salud”.
El coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, consideró, por su parte, que la decisión “es un atropello a los derechos de los ciudadanos”, “dado que enriquece a una empresa que está haciendo del servicio un negocio más que rentable mientras se despiden a sanitarios en la sanidad pública mes a mes”.
Finalmente, Antonio Vergara, coordinador de Marea Blanca Gaditana y portavoz del movimiento a nivel andaluz, si bien dio por bueno el argumento de que es mejor un buen acuerdo que un mal pleito, indica que, en cualquier caso, “Pascual, como la banca, siempre gana”.
