Cada organización protege a sus cooperantes y a los voluntarios solidarios con un seguro, que puede ser el que ofrece el Gobierno, algunas comunidades autónomas o contratar el que considere más adecuado, teniendo en cuenta la labor que realiza en ese país, según han explicado varias ONG consultadas.
La mitad de los cooperantes tienen cobertura del seguro colectivo de previsión social, financiado por el Gobierno y las principales ONG, al que se pueden acoger de forma voluntaria.
En España hay en torno a 1.500 cooperantes trabajando en el mundo, profesionales que el Estatuto del
Cooperante define como “aquellas personas físicas que participan en la ejecución, sobre el terreno, de un determinado instrumento de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria”.
La mayoría de estos seguros cubren los siniestros o incidencias ocurridas durante el desarrollo de su trabajo en el extranjero e indemnizan en caso de incapacidad permanente, gran invalidez, fallecimiento o daños físicos y psíquicos, ocasionados por un accidente, ataque o secuestro.
Sobre el terreno, las organizaciones evalúan continuamente el grado de peligrosidad al que están sometidos en sus labores humanitarias.
“Desarrollamos coberturas de riesgo, al final del día hacemos un balance de análisis de riesgo al que estamos expuestos y si éste es aceptable, en función de lo vital que pueda ser la acción que estamos desarrollando en un momento específico”, explicó a Efe el director de operaciones de Médicos sin Fronteras (MSF), Joan Tubau.
Para las ONG del ámbito sanitario, son distintos los criterios que utilizan para realizar la valoración del peligro que corren sus cooperantes porque “suele determinarse de acuerdo con el impacto de la asistencia” que están prestando muchas veces en países donde hay conflictos armados.
“La decisión sobre ese riesgo puede ser diferente si lo que vamos a hacer es una entrega de material de salud primaria o si es para un anestesista que está atendiendo a víctimas de un enfrentamiento armado”, aseguró el responsable de MSF.
No obstante, una vez determinada el grado de peligrosidad, “corresponde a cada uno, de forma particular, asumirlo o no”.
“Evidentemente las embajadas son una fuente de información y por tanto las recomendaciones que hacen tiene una fiabilidad que tenemos muy en consideración a la hora de decidir”.
Esta organización ha vivido situaciones de secuestro, la más reciente en Somalia donde fueron retenidas durante una semana dos de sus trabajadoras, Mercedes García y Pilar Bauza.
“Nosotros no consideramos el pago de un rescate, no entra dentro de la gestión de la seguridad de nuestro personal”, dijo Tubau, “pagar significa crear un precedente por el que nuestras operaciones difícilmente volverían a ser las mismas”.
