Tanto Rodríguez Galindo como el ex gobernador civil de Guipúzcoa José Julián Elgorriaga, y los ex guardias Ángel Vaquero, Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado Villalobos acudieron al tribunal europeo invocando que las sentencias condenatorias del Supremo y la Audiencia Nacional vulneraron los puntos 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, un extremo que niega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo confirmó en julio de 2001 la sentencia de la Audiencia Nacional y condenó 75 años de cárcel a Galindo y Elgorriaga; a 73 años a Vaquero, y a 71 años y 8 meses a Bayo y Dorado, por la detención ilegal y el asesinato de los dos presuntos terroristas, cuyos cuerpos aparecieron en 1995 en un depósito municipal de Alicante.