Sarkozy y Villepin, que llevan años vigilándose, volvieron a reanudar anoche su duelo particular con declaraciones cruzadas pero sin nombrarse mutuamente a cuenta de las recientes revelaciones del ex ministro de Defensa Charles Millon, que esta semana declaró ante el juez haber descubierto a su llegada al puesto en 1995 el pago de comisiones en la venta de submarinos a Pakistán.
Millon, nombrado al llegar ese año a la jefatura del Estado Jacques Chirac, fue el encargado por éste de poner fin a los pagos a responsables militares paquistaníes porque había pruebas de que una parte de ese dinero volvía a Francia y se la quedaron líderes políticos de la derecha.
Villepin confirmó ayer que cuando era secretario general del Elíseo con Chirac los servicios secretos le informaron de la existencia de esas comisiones que volvían, aunque no quiso precisar al ser entrevistado en televisión que esa mordida había ido a financiar la campaña presidencial en 1995 del que era el rival de su grupo en la derecha, Edouard Balladur, cuyo portavoz no era otro que Sarkozy.
El actual presidente francés se dio por aludido, y una hora más tarde a través de un comunicado del secretario general del Elíseo, Claude Guéant, -y también sin dar el nombre de Villepin-, denunció una maniobra para "implicar al jefe del Estado con una sucesión de insinuaciones en un caso que no le concierne para nada".
Sarkozy, por boca del comunicado de Guéant, subrayó que pretender que la venta en 1994 de submarinos a Pakistán por unos 800 millones de euros benefició a la campaña de Balladur -vencido por Chirac- es "un rumor malévolo que busca desacreditar la política".
Pero también puntualizó que Sarkozy "no fue nunca el responsable ni el tesorero" de Balladur, sino simplemente "el portavoz", y que como ministro del Presupuesto de 1993 a 1995 en el Gobierno de Balladur no tomaba las decisiones sobre comisiones en contratos de exportación puesto que no era competencia suya.
El presidente francés igualmente quiso echar balones fuera en la cuestión que parece más delicada, el atentado de Karachi del 8 de mayo de 2002 contra los ingenieros franceses enviados a Pakistán para la puesta a punto de los submarinos, en el que resultaron muertas 15 personas.
La justicia francesa, a instancias de las familias de los once franceses fallecidos entonces, investiga si ese atentado fue una represalia de altos cargos militares paquistaníes por el parón de las comisiones que éstos habían recibido de Francia hasta 1995, y no obra de Al Qaeda como se dijo al principio.
Anoche, el Elíseo aseguró que la única preocupación de Sarkozy es ofrecer "la vedad a las familias de las víctimas, que esperan desde hace más de ocho años conocer las circunstancias precisas de ese dramático atentado".
Un comentario que cobra sentido cuando se sabe que esas mismas familias habían anunciado ayer que van a denunciar a Villepin y Chirac por haber modificado la política de pago de comisiones por razones de política interna en Francia a sabiendas de los riesgos que eso entrañaba para los trabajadores de los astilleros militares franceses.
Villepin se defendió de esa acusación insistiendo en que los servicios secretos no le habían advertido de esa amenaza. Un elemento en principio a su favor es que el atentado de Karachi se produjo siete años después del parón de los pagos de comisiones que en parte servían para financiar operaciones políticas en Francia.
Su abogado, Olivier Metzner, avanzó hoy que habrá una nueva réplica la semana próxima, cuando su cliente tiene intención de declarar ante el juez instructor del caso, Renaud Van Ruymbeke, al que tiene intención de precisar quién se benefició de esas comisiones que volvían a Francia.
Este nuevo capítulo de la lucha entre Sarkozy y Villepin se ha abierto cuando todavía no está completamente cerrado el del caso Clearstream, ya que el jefe del Estado recurrió la sentencia que absolvía al ex primer ministro de haberle intentado implicar en el cobro de comisiones ilegales.
Villepin tendrá que volverse a sentar el próximo mes de mayo en el banquillo de los acusados del Tribunal de Apelación que examine una operación que, de acuerdo con el veredicto en primera instancia, fue una maquinación de falsas acusaciones de corrupción montada por el ex vicepresidente del grupo europeo EADS, Jean-Louis Gergorin.
