Un acuerdo, sin reforma laboral de por medio, que incluía 40 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades. Traducido en dinero, unos 80.000 euros de media para los 52 afectados por el despido.
Desde entonces, un lustro perdido entre reclamaciones, concentraciones y protestas sin que nadie acierte a aclarar por qué todavía no han cobrado lo acordado. Una situación que lleva a la secretaria comarcal de CCOO, Inmaculada Ortega, a afirmar que “este caso demuestra que la justicia puede ser injusta. Aquí hay personas con nombres y apellidos, y con un drama familiar detrás, por lo que pedimos una solución inmediata”.
Para Ortega, “este colectivo, por una mala gestión de un problema laboral, no sólo fue despedido sino que además no ha cobrado las indemnizaciones que por justicia le corresponden debido a la lentitud del modelo laboral”.
Hasta 22 trabajadores, que se encontraban ya sin prestación por desempleo y apurando los 420 euros de ayuda, están actualmente realizando cursos de formación. Sin embargo, la formación con becada concluirá con el quinto aniversario y los ex empleados de la factoría se preguntan “¿y ahora qué?”.
A este respecto, el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, indica que “es aventurado decir qué inserción va a tener (el curso) pero, desde luego, independientemente de las circunstancias que ahora tenemos en el mercado de trabajo, sus posibilidades serán mayores cuando terminen su formación”.
Evolución
El portavoz del colectivo, Cándido Solís, recuerda que, cuando se firmó el acuerdo en 2006, “todavía no había crisis y los terrenos de Metalsa tenían un valor de unos 7 millones de euros mientras que la deuda con los proveedores, que van delante nuestro, y con nosotros ascendía a 4,5 millones”.
En ese momento la plantilla vio con buenos ojos percibir el 75% de la indemnización al cierre y el 25% restante al año siguiente. Una opción que “los sindicatos vieron estupenda ya que al menos parecía que cobraríamos algo”.
A partir de ahí “la empresa se hace la loca y no quiere saber nada”. Así, a pesar de las numerosas visitas a la sede en Málaga no obtienen respuesta a su situación, que empeoró drásticamente desde que se desató la crisis económica.
Mientras, la vía judicial no ofrece mejores perspectivas. El primer juicio se suspendió porque no se avisó a los propietarios de la empresa. Desde entonces no tienen noticias de la judicatura, si bien Solís aclara que “lo que vaya haciendo el juez lo asumimos como bueno y esperamos”.
Por ello, y para que su caso no quede en el olvido, se han centrado en presionar a los distintos partidos políticos para solicitar ayuda. Aquí han recabado “mucho apoyo verbal pero poco práctico”.
Uno de los capítulos más desangrantes del esperpento que viene padeciendo este colectivo tuvo lugar en junio de 2010, cuando un grupo inversor madrileño mostró su interés por adquirir los terrenos.
“Nos dijo que querían un encuentro con los ex trabajadores y nos reunimos con ellos”, repasa el portavoz. Sin embargo, les propusieron que la compra sería realizada por una cooperativa que cuando llegara a 90 miembros comenzaría a afrontar el pago de las indemnizaciones.
En este momento Internet se mostró como una herramienta de inestimable ayuda. El colectivo comenzó a buscar referencias del empresario principal y comprobó que “era uno de los mayores estafadores de Madrid que se había quedado con una media de 40.000 euros a unos 4.000 ciudadanos. Había estafado en todos los sitios por donde había pasado y estaba en libertad provisional con una fianza de 300.000 euros”. Un portazo a la esperanza que podría darse por bueno si ahora se abre la ventana de otro supuesto interesado con mejores referencias.
Mientras tanto se aproxima la fecha en la que los cursos de Jardinería, Mantenimiento y Sociocultural concluyan y con ello la entrada de dinero para los 22 ex trabajadores que no están prejubilados por enfermedad, jubilados o con un nuevo empleo. Con todo, ese parche es “pan para hoy y hambre para mañana” apostilla Solís.
