Para el letrado, la sentencia "intenta fundamentar la inaceptable condena por el delito de prevaricación, en lo que califica de irregularidad, ilegalidad o dudosa legalidad. Esto es, el hecho que el señor Juárez Arriola permitiera, mediante la elevación de la propuesta al Pleno del Ayuntamiento, que la venta de unas fincas de éste, previa exclusión de otra de las concursantes, la sociedad Promaga, se le adjudicaran a la entidad Roseworld, siendo a su vez el ex alcalde quien suscribió las oportunas escrituras públicas en las que se pactaron pagos aplazado del parte del precio no contemplados en el Pliego de Condiciones y sin que se llegara a hacerse efectiva la condición resolutoria pactada cuando hubo retraso en el pago, y a pesar de que quedó probado que todo se hizo conforme a los preceptivos informes técnicos y jurídicos, a la legalidad vigente, que se cobro por el Ayuntamiento la totalidad del precio y que no solo no se le causó a éste ningún perjuicio sino que, como en la Sentencia se reconoce, las fincas vendidas hoy tendría un valor muy inferior al precio conseguido".
La defensa de Juárez señaló también que "esta causa siempre tuvo un clarísimo componente político y mediático, que nunca llego a personarse el Ayuntamiento como parte perjudicada y acusación particular, ni la entidad Promaga, excluida del concurso, y que durante la instrucción, de manera injustificada, se privó al señor Juárez Arriola y resto de imputados de su derecho de defensa decretándose y manteniéndose, sin justificación alguna, durante muchos meses el secreto del sumario, adoptase contra el mismo mediadas cautelares, como fue la retirada del pasaporte, de manera improcedente, arbitraria e igualmente injustificada".
Es por ello que la defensa de Juárez, a pesar de haber sido absuelto de la mayoría de los delitos de los que era acusado, "ante la ausencia de prueba alguna que acredite la comisión del delito de prevaricación por el que se le condena, las únicas pruebas existentes al respecto lo que acreditan es que todo se realizó conforme a los informes técnico y jurídicos preceptivos y a la legalidad vigente, formulará el procedente recurso de casación en defensa de su inocencia y buen nombre".
