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EEUU consigue evitar el "cierre" del Gobierno con una medida de última hora

Una medida temporal acordada en el Congreso logró evitar la paralización de las actividades administrativas del Gobierno de EEUU.

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Una medida temporal acordada en el Congreso una hora antes de que expirara el plazo para aprobar un presupuesto federal logró evitar la paralización, a partir de la medianoche del viernes (04.00 GMT del sábado), de las actividades administrativas del Gobierno de EEUU.

"El Congreso, en nombre de todos los estadounidenses, ha llegado hoy a un acuerdo para evitar la paralización del Gobierno", dijo el presidente, Barack Obama, en una declaración televisada desde la Casa Blanca.

Minutos antes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, había comparecido ante los medios para anunciar un pacto que aplazará los fondos actuales hasta el próximo jueves a medianoche.

La nueva prórroga es un mero mecanismo para dar tiempo al Congreso de redactar y votar, la próxima semana, una medida que cubra los seis meses que restan de este ejercicio, y sobre la que ya existe un acuerdo verbal.

Según fuentes legislativas, el presupuesto que se apruebe en los próximos días llevará incorporado un paquete de recortes de 38.500 millones de dólares, una cifra más cercana a la impulsada por los republicanos que a los 33.000 millones propuestos por los demócratas en las negociaciones de las últimas semanas.

"El acuerdo entre demócratas y republicanos es sobre un presupuesto que invierte en nuestro futuro al tiempo que hace los mayores recortes anuales de gasto de nuestra historia", indicó Obama.

El presidente reconoció que algunos de los recortes aprobados "serán dolorosos", ya que afectarán a "programas en los que la gente confía" y a "infraestructuras que son necesarias", y "no se habrían hecho en mejores circunstancias", pero es hora de que el país comience "a vivir dentro de nuestras posibilidades".

La medida que entró en vigor esta medianoche (04:00 GMT) hace efectivo al instante un primer recorte de 2.000 millones de dólares, según confirmó el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.

El anuncio estuvo precedido de un día de intensas negociaciones, y de llamadas telefónicas de Obama a Boehner y Reid para supervisar el desarrollo del debate, según informó la Casa Blanca.

En un comunicado antes del acuerdo, el portavoz presidencial, Jay Carney, había indicado que "las conversaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca" continuaban, pero no apuntó entonces ningún detalle sobre un posible acuerdo presupuestario.

Obama canceló una visita que tenía prevista a Indiana para seguir el desarrollo de las conversaciones, después de haberse reunido en cuatro ocasiones en tres días con Reid y Boehner.

Aunque a lo largo de la noche del jueves los equipos negociadores republicano y demócrata habían informado de una cierta aproximación de posturas, los desacuerdos entre ambas partes persistían, y todo apuntaba a un inevitable cierre de la administración.

Los demócratas aseguraban el viernes que se había alcanzado un consenso en cuanto a los recortes presupuestarios que se debían aplicar, y situaban el centro del debate en la asignación de fondos federales a los centros de planificación familiar "Planned Parenthood", que los republicanos rechazaban por cuestiones políticas.

Finalmente, el partido abandonó esa reivindicación a cambio del compromiso de que el Senado votará para decidir si despoja de fondos a la organización.

A horas de que venciera el plazo, Boehner seguía insistiendo, no obstante, en que el desacuerdo seguía siendo "sobre el gasto".

Bohener declaró que su partido no iba a doblegarse y "dejar vendido al pueblo estadounidense, como ha ocurrido en otras ocasiones", pero apuntó que su intención era "mantener abierto el Gobierno" y que no tenía ningún interés en que se produjera una paralización.

Ante la perspectiva de que no se llegara a un acuerdo, el Gobierno ya había puesto en marcha los preparativos para la posible paralización de la Administración, que habrían dejado en el dique seco a cerca de 800.000 funcionarios federales.

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