En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, José Antonio Cabrera, y por el responsable técnico de la Delegación de Urbanismo, Roberto Gil, el regidor explicó que en febrero de 2010 llegó a un acuerdo con los propietarios del suelo para que la Finca Guadalquitón se convierta en un parque público y protegido.
“Durante dos años -señaló- hemos trabajado con la Junta de Andalucía para que ese espacio natural se integre en el POT (Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar). Este proyecto está a punto de fraguar, ya que hoy mismo se ha recibido en el Ayuntamiento una citación para una reunión de la Comisión de Urbanismo Provincial de Cádiz donde está previsto aprobar definitivamente la inclusión de este asunto en el POT”, anunció Palma.
Para Palma las informaciones publicadas, “que se complementan con la distribución de un panfleto en Sotogrande”, tienen como objetivo desprestigiarle personalmente y restar votos a su partido, el PP, en los próximos comicios municipales del 22 de mayo.
“Como todo esto surge desde Madrid -apuntó-, debe tratarse de alguien con mucho poder. Les pido que rectifiquen, porque todo lo que han dicho al respecto es una mentira. No tiene sentido este ataque mediático”.
En su opinión, “voy a salir virgen” de esta polémica, ya que este proyecto pretende que el Ayuntamiento sea el propietario de esas 200 hectáreas, que los campogibraltareños ganen un parque para su uso y disfrute, y que los vecinos de Sotogrande vean como se revalorizan sus viviendas.
Indicó que para cualquier alcalde “sería un crimen ecológico” permitir que se pierda un bosque de alcornoques “que llega a la misma playa”. Agradeció a la Junta que también esté de acuerdo en “que no se ponga un ladrillo en Guadalquitón”. El alcalde explicó que el suelo se calificó como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987, pero que desde entonces la Junta y el Ayuntamiento no han permitido y han impedido que se construyeran las 2.800 viviendas previstas.
Sin embargo, los propietarios del suelo compensaron entonces al Ayuntamiento mediante la cesión de 60 hectáreas para la instalación del segundo campo de golf de San Roque Club, de titularidad municipal.
La Junta temía que Palma usase el POT
La Junta de Andalucía llevaba años intentando frenar la urbanización de Guadalquitón y Borondo y ya lo desautorizó en 2003; pero temía que con el nuevo POT el Consistorio usase algún resquicio legal para llevar a cabo la urbanización. La presión de la Junta y vecinal ha surtido efecto.
