Así lo ha afirmado este sábado, en un manifiesto, la Comisión Legal de la acampada, que ha respondido por escrito a las declaraciones efectuadas el viernes por el consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en la que exigió al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de la Puerta del Sol porque la concentración está "degenerando de manera dramática en un asentamiento prácticamente chabolista".
A continuación el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid en funciones, Pedro Calvo, también consideró necesario intervenir para evitar un "problema de salud pública", como según adelantó se prevé en el informe elaborado por Madrid Salud -organismo que agrupa todas las actividades municipales de salud pública y drogodependencias-.
Ante estas declaraciones, la Comisión Legal de la acampada ha asegurado que "no se está interrumpiendo el tráfico rodado", "no consta en modo alguno que la acampada esté afectando al pequeño comercio de la zona" y "no se ha creado ningún problema de seguridad".
Ha sostenido asimismo que, "ante la amenaza de instar un expediente de insalubridad por parte del Ayuntamiento", ha de saberse que "los servicios municipales de limpieza han acreditado en la mañana del viernes que no existe problema alguno de salubridad en la plaza".
Por eso opina que Granados solicita el desalojo basándose en "unos hechos que no están acreditados, y sin alegar razón jurídica alguna para que el mismo se lleve a efecto".
En su opinión, la Comunidad de Madrid "no debería alentar a que el Ministerio de Interior adopte decisiones como la dramáticamente llevada a cabo en Barcelona, que ha provocado decenas de personas heridas".
En cuanto a las declaraciones de Granados en las que afirmó que la situación "ha degenerado demasiado", la Comisión opina que esto es algo que "comparte la inmensa mayoría de las personas, especialmente los cinco millones de parados, así como las que de una u otra forma son víctimas del actual sistema socio-económico".
La Comisión Legal de la acampada de Sol ha instado, como ya hicieron este viernes algunos de los portavoces del colectivo, a que se depuren "las responsabilidades políticas y penales de las autoridades, mandos y demás miembros de las Fuerzas de Seguridad intervinientes en los hechos" ocurridos en Barcelona, y ha exigido la dimisión del consejero de Interior catalán, Felipe Puig.
Ha expresado asimismo su apoyo a las personas acampadas en Barcelona, así como a las que han sido desalojadas en Lleida y Badalona.
Para este sábado el movimiento ha organizado reuniones en más de 250 barrios y municipios de la Comunidad de Madrid, para intentar establecer una "red horizontal sin jefes ni líderes" pero con un moderador y un secretario, que recogerán las propuestas y las transmitirán a las asambleas generales.
