El fiscal jefe del TPI, Luis Moreno-Ocampo, había solicitado el pasado 16 de mayo que se emitiera una orden internacional de arresto contra los tres dirigentes libios por "ataques generalizados y sistemáticos" contra la población civil y por "crímenes contra la Humanidad".
Se trata de la segunda vez en sus nueve años de historia que el TPI emite una orden de arresto contra un jefe de Estado en ejercicio, tras la dictada en agosto de 2010 contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, por los crímenes cometidos en la región de Darfur.
El Tribunal de La Haya no dispone de una fuerza policial propia y depende, por tanto, de los Estados para este tipo de acciones. El Gobierno libio ya ha anunciado que ignorará esta orden de arresto. Libia no es Estado parte del Estatuto de Roma que regula el TPI.
La sala, presidida por el juez Sanji Mmasenono Monageng, ha emitido la órdenes de arresto contra los tres dirigentes por "crímenes contra la Humanidad" --más concretamente por "homicidio y persecución"-- supuestamente perpetrados en Libia "entre el 15 de febrero y al menos el 28 de febrero a través de los aparatos del Estado y de las fuerzas de seguridad", según informó el TPI en su página de Internet.
Los tres jueces de la sala han estimado que "hay motivos para creer que los tres sospechosos cometieron los crímenes que se alegan y que sus detenciones parecen necesarias para garantizar su comparecencia ente el Tribunal, para garantizar que no seguirán obstruyendo ni poniendo en peligro las investigaciones del Tribunal y para impedir que utilicen sus poderes para seguir cometiendo crímenes que entran dentro de la jurisdicción del Tribunal".
El TPI recuerda que el caso de Libia fue remitido al fiscal del TPI por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras la aprobación, por unanimidad, de la Resolución 1970 del 26 de febrero de 2011. En la 1970, recuerda el Tribunal, se establece que, en virtud de la Carta VII de Naciones Unidas, "las autoridades libias deben cooperar plenamente y aportar cualquier ayuda necesaria al Tribunal y al fiscal en cumplimiento de esta resolución".
La resolución, aunque reconoce que los Estados que no son parte del Estatuto de Roma (por el que se constituyó el TPI) no tienen las obligaciones que se derivan de éste, "insta a todos los Estados y organizaciones regionales e internacionales implicadas a cooperar plenamente con el Tribunal y el fiscal".
CONCLUSIONES DEL FISCAL
El pasado 16 de mayo, Moreno-Ocampo informó en rueda de prensa de que la fiscalía había podido reunir "evidencias directas sobre las órdenes emitidas personalmente por Muamar Gadafi" que demostrarían que el líder libio "ordenó personalmente que se atacase a civiles libios desarmados".
"Sus fuerzas atacaron a civiles en sus hogares y dispararon con fuego real contra manifestantes en espacios públicos", y sus "francotiradores recibieron la orden de disparar a los manifestantes en el momento en que salían de las mezquitas", explicó.
"Las fuerzas de Gadafi elaboraron listas con los nombres de supuestos disidentes que fueron detenidos, encarcelados en Trípoli, torturados y desaparecidos", declaró el fiscal. Gadafi hizo uso de "su autoridad absoluta para cometer crímenes" con el objetivo de "preservar su poder", aseveró. Estos hechos, que "se siguen cometiendo en la actualidad", constituyen "crímenes contra la Humanidad", advirtió Moreno-Ocampo.
Asimismo, prosiguió, el TPI tiene "pruebas directas" de que Saif al Islam "organizó el reclutamiento de mercenarios, y pruebas directas de la participación de Al Senussi en ataques contra manifestantes". "Su segundo hijo mayor, Saif al Islam, es el primer ministro 'de facto' y Abdulá al Senoussi es su mano derecha, el ejecutor", declaró. "La oficina ha documentado cómo los tres celebraron reuniones para planificar y dirigir las operaciones", añadió.
