En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha explicado los detalles de dicho plan, que destina 200 millones a obras de mejora de la red de centros educativos públicos y supondrá la creación de unos 5.000 empleos.
El plan, en el que participan las consejerías de Educación y de Empleo, prevé la realización de más de 450 actuaciones, que empezarán con carácter inmediato y se prolongará hasta finales de 2012.
El consejero ha dejado claro que la inversión de 200 millones del plan denominado 'OLA' es adicional a otras previstas en otros programas como el de 'Mejor Escuela', y ha indicado que el ochenta por ciento se financia con fondos europeos y el resto lo paga la administración autonómica.
Asimismo, el plan impone a las empresas contratistas la obligación de pagar a los proveedores o subcontratistas en un plazo máximo de treinta días, y, a su vez, la Junta se compromete a abonar a los proveedores en un período de cuarenta días.
La creación de empleo, sobre todo entre los parados procedentes del sector de la construcción, es uno de los objetivos de dicho plan, y para ello las empresas adjudicatarias de las obras tendrán que contratar a personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Las empresas presentarán sus ofertas de trabajo ante el SAE y, en función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilitará candidatos seleccionados entre personas residentes en los municipios donde se desarrollan los proyectos.
Se prevé que al menos el setenta por ciento del coste de personal de cada proyecto corresponderá a empleo de nueva creación, mientras que el resto (trabajadores propios y dirección técnica) deberá estar contratado por tiempo indefinido.
Las contrataciones, por un tiempo al menos igual que la duración de la obra, dará prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciban ningún tipo de prestación y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.
El grueso de los recursos del plan se destinarán actuaciones de arreglo y mejora de los centros, así como a su modernización relacionada con la introducción y el uso de nuevas tecnologías.
El ente de infraestructuras educativas, dependiente de la consejería de Educación, será el encargado de licitar las obras, y se constituirán comisiones de participación, en la que estén los agentes sociales, para el desarrollo de este plan.
El Consejo de Gobierno, en su segunda reunión tras el paréntesis vacacional, también ha manifestado su criterio favorable a varias proposiciones no de ley que el grupo parlamentario socialista ha presentado en el Parlamento.
Entre ellas, ha dado el visto bueno a las reformas legales para reforzar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y los altos cargos de la administración autonómica y la reforma legislativa para mejorar la participación ciudadana en el Parlamento a través del denominado escaño 110.
Además, ha respaldado la iniciativa del grupo socialista para modificar la Ley de Universidades para adaptarla a los nuevos escenarios del Espacio Europeo de Educación Superior y a los cambios introducidos en la legislación estatal en diversos ámbitos.
