Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el juez instructor ha decidido archivar todas las denuncias presentadas contra los controladores. Hay que recordar que la Fiscalía hispalense decidió abrir diligencias de investigación por la baja masiva de controladores aéreos en el aeropuerto, todo ello al objeto de determinar si los controladores pudieron incurrir en un delito de abandono de servicio público.
El Ministerio Público abrió estas diligencias de investigación después de que la Fiscalía Superior de Andalucía se inhibiera en favor de la Fiscalía hispalense. No obstante, el día 23 de diciembre de 2010 decidió trasladar la investigación iniciada el 15 de diciembre al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, todo ello debido a que varios particulares afectados por esta baja de controladores aéreos habían presentado previamente las respectivas denuncias ante este juzgado.
En este sentido, y según han recordado las mismas fuentes consultadas por Europa Press, el propio fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ya informó de que el informe realizado por la Policía Judicial acerca del paro de los controladores señala que las incidencias "significativas" se registraron, "solamente", en los aeropuertos San Pablo de Sevilla y Pablo Ruiz Picasso de Málaga.
EL CASO DE MÁLAGA
En el caso de Málaga, el Juzgado de Instrucción número 6 ya archivó la causa abierta a instancias de la Fiscalía contra 14 controladores del aeropuerto malagueño, quienes alegaron problemas de salud para ausentarse o no acudir al puesto del trabajo. Ante esto, el juzgado encargado de la causa citó a todos los médicos que los atendieron, confirmando que se trataba de bajas justificadas al encontrarse enfermos.
Inicialmente, la Fiscalía de Málaga citó a declarar durante los pasados meses de diciembre y enero a los 14 controladores, que, sin embargo, no quisieron responder a las preguntas planteadas por el ministerio público. Tras concluir las diligencias de investigación, la Fiscalía de Málaga interpuso el pasado 25 de enero una denuncia contra estos 14 controladores aéreos, que posteriormente fue archivada.
La Fiscalía sostenía que podría tratarse de un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público". En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses.
