Las propuestas serán objeto de difíciles negociaciones que comienzan ahora y que, una vez aprobadas, se aplicarán a partir de 2014.
Una de las iniciativas que generará más discusiones será la idea de Bruselas de conceder un 30 % de las ayudas directas a los productores que hagan esfuerzos medioambientales.
La CE quiere premiar tres tipos de prácticas: la rotación de los cultivos, el pastoreo permanente y el destinar un 7 % de la superficie de la explotación a actividades de valor ecológico, explicó el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, en rueda de prensa.
A los agricultores europeos les preocupa el sobrecoste y la amenaza a la competitividad que implicará esta propuesta.
El presidente de las organizaciones agrarias (COPA), Gerd Sonnleitner, dijo hoy que, de salir adelante la idea, entre 6 y 7 millones de hectáreas podrían ser retiradas de la producción en un contexto en el que aumenta la demanda alimentaria global.
El cambio en el modelo de reparto de las ayudas también amenaza con dificultar las negociaciones, tanto por parte de los países que más perderán con el cambio, Francia entre ellos, como por los que consideran que el nuevo sistema se queda corto, grupo donde se incluyen algunos de los países del Este.
El objetivo es eliminar los derechos históricos, que se utilizan en la actualidad para la distribución de las ayudas en países como España (sobre la base de la producción media entre 2000 y 2002), para pasar a un sistema de "pago único" por hectárea.
Con ello Bruselas quiere "lograr una convergencia interna entre los países y las regiones" que debería concluir en 2019.
"Es importante adaptarse a los nuevos tiempos" y garantizar un reparto más equitativo entre los países y las regiones, dijo el comisario.
Sobre los agricultores españoles, Ciolos señaló que el paso al pago por hectárea no debería afectarles, ya que el país se encuentra cerca de la media europea en ese ámbito.
El productor español obtiene 246 euros por hectárea, lo que significa un 9 % menos que la media pagada en los 27 países, situada en 271 euros/hectárea.
El comisario precisó además que la "tarifa plana" de ayudas "no será uniforme" a nivel de toda la UE, sino entre las distintas regiones que los Estados miembros deberán previamente definir.
Fuentes europeas indicaron que el nuevo sistema corre el riesgo de provocar una agria batalla entre las regiones de un mismo país.
Otra de las novedades es la idea de poner un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones, que Bruselas pretende limitar a 300.000 euros, algo a lo que Alemania, Reino Unido y Suecia se oponen abiertamente.
A partir de los 150.000 euros, Bruselas quiere que las ayudas vayan decreciendo progresivamente.
Para no penalizar a las explotaciones con muchos trabajadores, los costes salariales se tendrán en cuenta antes de aplicar esos recortes.
No es la primera ocasión en que la CE intenta limitar las subvenciones a los terratenientes, algo que nunca ha salido adelante pero que en esta ocasión podría cambiar, pues por primera vez el Parlamento Europeo decidirá sobre la reforma de la PAC, conjuntamente con el Consejo.
Otra novedad es la introducción de la figura del "agricultor activo", que lleve a cabo un mínimo de trabajo en la explotación, para evitar subvencionar a los productores "de sofá" o a los aeropuertos o campos de golf, explicó hoy el comisario.
Por otra parte, dentro de los mecanismos de gestión de mercado se propone crear un "fondo de reserva" dotado con 3.500 millones de euros para poner en marcha medidas de mercado ante situaciones como la "crisis del pepino".
La organización ecologista Greenpeace consideró que los planes presentados no permitirán responder a los retos medioambientales y que, sin embargo, dejarán una vía abierta para seguir subvencionando actividades agrícolas "destructivas".
Por su parte, Amigos de la Tierra- Europa (Friends of Earth Europe), consideró que aunque las propuestas "tienen buena intención" les falta ambición.
La PAC es la política que más presupuesto absorbe de las arcas comunitarias, con 59.799,6 millones de euros y España, el tercer país más beneficiado, con 7.487 millones, según datos de 2009.
