El denunciante, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide, se negó a entregar, pero no a mostrar, su DNI a los agentes, que acudieron en apoyo de la Policía Local, a una protesta contra la Ley Antibotellón, sin bebidas de por medio, en la Alameda de Hércules.
El denunciante fue trasladado hasta la Jefatura de Policía, en Blas Infante, donde permaneció toda la noche, varias horas en el calabozo y, según su versión, obligado a desnudarse y hacer sentadillas. El jefe de los calabozos, preguntado por este extremo, aseguró no recordarlo.
Clave para que la fiscal, que en su escrito de acusación solicitaba para el policía siete mes de suspensión para empleo y cargo público, retirara los cargos, fue el testimonio de un inspector, que aclaró que el denunciante fue detenido “por desobediencia grave” y no por el hecho de no poder ser identificado, por lo que el acusado se limitó a cumplir los protocolos habituales.
De esta forma la fiscal entendió que “no hubo ningún tipo de incorrección en su actuación, sino que siguió el protocolo”.
