La razón nos orienta, mediante el sentido común, a pensar que cuando una familia escolariza a sus hijas e hijos en un centro educativo, lo hace considerando que estos niños tendrán que ir y venir miles de días en los próximos 9 años. Nada menos que 175 días por curso escolar, que sumandos dan una cifra importante de 1575 idas y venidas. Por ello lo normal es optar por el centro más cercano al domicilio, de forma que aquellas familias que, además de por interés, deben escolarizar por obligación a su prole, puedan hacerlo sin que ello les suponga costo adicional insoportable tanto en sus economías familiares como en sus tiempos de dedicación al necesario acompañamiento a la escuela. Actividad ésta que si dado el caso encuentran puesto escolar cercano a su domicilio se desarrolla en los primeros años dejando de tener sentido conforme los infantes se hacen algo mayores y no es preciso acompañarlos.
Pero he aquí que a algunas familias no les gusta el centro cercano y por varias razones, algunas de ellas imposible de confesar por ser racistas o xenófobas, deciden solicitar otro centro mucho más alejado de su domicilio habitual. Para ello se valen, en ocasiones, de fraudulentas maniobras para demostrar que residen en la zona del centro al que optan, aunque no sea verdad, empadronando o inventándose contrataciones para poder ofrecer el domicilio ficticio de trabajo, para así hacer posible el engaño. Mentira que trae a colación los débiles, por inexistentes, mecanismos de control sobre este asunto denunciado hasta la saciedad curso tras curso.
Pero el empeño es grande y las ayudas el mismo, tanto internas como externas, son importantes, y así tenemos centros privados concertados donde la entrada es un auténtico espectáculo, ya que una multitud de vehículos particulares, pugnan para poder estacionarse en unos exiguos metros de calle, o de aceras, y bajarse de ellos la bullanguera compañía que rauda, veloz, o cabizbaja se va introduciendo en el centro, casi siempre arrastrando una pesada carga de libros y cuadernos.
Llegados a este punto y en tiempos tan críticos, debemos analizar los costos energéticos y humanos que estas multitudinarias maniobras mañaneras provocan. Costos que deberían estudiarse con lupa, y a los que hay que sumar el stress urbano que provoca, sobre todo en grandes ciudades. Éste es posible medirlo también por el impacto en el número jornadas de absentismo laboral, sin mencionar los retrasos en la incorporación a los puestos de trabajo de madres, padres o familiares, por aquello de los atascos matutinos.
Por ello el pretendido derecho a elegir centro se muestra imposible de atender en tiempos donde no sobra ni el tiempo ni la energía necesaria para hacerlo posible. Se convierte este pretendido derecho en un lujo inaceptable sobre todo cuando, por mor de defraudar, le robamos el puesto escolar a las familias que si tienen derecho a escolarizar a sus hijas e hijos en el centro más cercano porque así lo requieran o incluso por carecer de vehículo propio para afrontar desplazamientos de importancia.
Además de un delito de hurto, existe un claro delito ecológico, ya que la energía necesaria para el transporte privado escolar es justo la que gastan los vehículos familiares en recorridos urbanos y que de media puede ser superior a los 20 km entre ida y vuelta. Multipliquemos los 1575 días de escuela sólo en infantil primaria y obtendremos la nada despreciable cifra de 31500 Km por cada familia a lo largo de los 9 cursos de escolaridad. De los 4 millones y medio de alumnos y alumnas escolarizados en infantil y primaria, un 20 por ciento, alrededor de 900.000, se escolarizan en la concertada y privada, un 40% aproximadamente son transportados y eso supone un total de 360.000 mil niños y niñas, que utilizarían, si se agruparan en tres por vehículo, 120.000 coches.
Una simple cuenta nos lleva a multiplicar estos ciento veinte mil vehículos por los 31500 km, que de media realizan en los nueve cursos escolares. Lo que supone un total de 3.780.000.000 de Kms. !Sí! Casi 3800 millones de Kms. Una inmensa cifra que consume más de 38 millones de litros. El impacto medioambiental es terrorífico ya que el CO2 o dióxido de carbono, agente directo del calentamiento global del planeta por su efecto invernadero, se produce en la combustión de los motores de gasolina en una cantidad de 2,3 Kg por cada litro o de 2,6 Kg por litro en el caso del gasoil. Con estos datos el volumen de CO2 producido por la combustión de esa ingente masa de vehículos, que desplazan alumnado sólo en las etapas infantil y primaria por el pretendido derecho a la libre elección de centros, sería del orden de 95 millones de Kilogramos de CO2.
Por otro lado cada una de las personas afectadas por esos costosos desplazamientos perderían alrededor de 600 horas de sus vidas en esa actividad. Que unido al efecto producido por esta ingente masa de vehículos sobre los flujos de transporte en las ciudades, así como el gasto económico que supone a cada familia este uso de su vehículo, remachan el alcance de los efectos negativos que el pretendido derecho a elección de centro conlleva.
Por ello si se pretende actuar contra la crisis, si es preciso mejorar nuestro nivel de vida, eliminando emisiones de CO2, tasas de ruido, atascos en el tráfico, mejora de nuestro tiempo de ocio y disfrute, la solución está al alcance de todos y todas, solicitemos el centro más cercano a nuestro domicilio y que las administraciones publicas garanticen la escolarización de todo el alumnado en centros donde se vive.
Fdo Rafael Fenoy Rico Comunicación CGT
