Según la Fiscalía, ante la existencia de actuaciones "en uno o varios juzgados de instrucción" de Valencia en relación con estos hechos, se ha procedido a remitir lo actuado al juzgado competente.
La detención el pasado 15 de febrero de un menor de edad, alumno del IES Lluís Vives de Valencia, durante una protesta no comunicada contra los recortes en educación y los retrasos del Consell en el pago de los gastos de funcionamiento de los centros, inició diez días de manifestaciones y un debate a través de internet y las redes sociales, bajo la etiqueta #primaveravalenciana.
En las protestas de los días sucesivos se registraron varios enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que se saldaron con más de 40 detenidos, en libertad con cargos por desorden y resistencia a la autoridad. Cercle Obert y EUPV pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
En el caso de la formación política, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Menores donde pedía el inicio de diligencias para esclarecer si hubo delito de lesiones o de detención ilegal. Según el escrito presentado ante este órgano, en las protestas estudiantiles hubo una "desproporcionada actuación policial" a pesar de que "las movilizaciones fueron en todo caso pacíficas".
DENUNCIÓ LESIONES Y DETENCIÓN ILEGAL
EUPV consideraba que estos hechos podían ser constitutivos de delitos de lesiones y detención ilegal "que, por si solos, deberían ser perseguidos de oficio por el Ministerio Fiscal pero, además, al ser muchos de los perjudicados menores de edad, el Ministerio Fiscal tiene el mandato para ejercer las acciones judiciales pertinentes en su defensa".
Algunos de los afectados anunciaron en su momento que llegarían a los tribunales y padres de varios alunos detenidos y heridos anunciaron igualmente que valoraban presentar una demanda conjunta. El Sindicato de Estudiantes también aseguró que habían puesto el caso en sus servicios jurídicos.
