Inspectores de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía van a llevar a cabo en Huelva de aquí al 31 de octubre de este año una campaña de inspección sobre la publicidad de productos y servicios a través un total de 25 controles que se efectuarán en folletos y prensa, radio y televisión, entre otros soportes, mientras que el total en Andalucía será de 250 en un ámbito que representa un nivel de incumplimiento del 49 por ciento, según se desprende de los resultados de la campaña realizada por Consumo el año pasado.
Según han informado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, estas cifras desvelan que prácticamente la mitad de las inspecciones realizadas constata algún tipo de infracción relacionada con los derechos de los usuarios.
El objetivo de esta campaña, en la que se llevarán a cabo inspecciones de publicidad de carácter local, regional y nacional, es velar por el cumplimiento de las normas que garantizan los derechos de las personas consumidoras y conseguir con ello una mejora en la calidad de la información, así como en las ofertas de bienes y la prestación de servicios a los consumidores en Andalucía, indicando además que el consumidor debe saber que la publicidad de bienes o servicios es vinculante para la empresa que la realiza.
En concreto, los inspectores de Consumo supervisarán si la publicidad cumple la obligación de no incluir elementos que puedan considerarse como prácticas comerciales desleales, como por ejemplo ofrecer datos engañosos sobre el cumplimiento de determinados códigos de conducta u otros distintivos de calidad que luego no sean ciertos.
También se controlarán las denominadas prácticas promocionales engañosas, como puede ser una oferta que se haga a un precio determinado cuando realmente el empresario sabe a ciencia cierta que no habrá productos o servicios disponibles en una cantidad razonable para poder dar respuesta en un periodo también razonable a la demanda que se genere a raíz de dicha oferta. En este extremo, se vigilarán especialmente las expresiones como 'Oferta válida hasta fin de existencias' que, cuando aparece sin ninguna información adicional, podría considerarse engañosa.
El empresario debe disponer de existencias de los productos para el periodo que dure la oferta publicitaria. Si no es así, el consumidor tiene derecho a que se le entregue el mismo producto u otro similar sin demoras injustificadas.
Las ofertas de bienes y servicios a un precio por 'liquidación' también serán objeto de inspección, para comprobar que efectivamente quien anuncia dichos productos en esas condiciones se encuentra en esa situación en virtud de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista. Igualmente, también se controlarán las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automática o bien en un concurso o sorteo, sin que finalmente se concedan los obsequios descritos u otros de calidad y valor equivalente.
Ofrecer un producto o servicio como 'gratuito', y que después se obligue al consumidor a abonar alguna cantidad distinta a la de los gastos del envío es otra práctica de competencia desleal que se vigilarán durante esta campaña, así como las ofertas engañosas que proclaman falsamente que un producto o servicio puede curar una enfermedad o tiene beneficios para la salud.
VENTAS PIRAMIDALES
Asimismo, las prácticas de ventas piramidales, que son aquellas en las que se crea un plan en que el consumidor realiza una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros usuarios en dicho plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios, también serán objeto de análisis en esta campaña.
Para los anuncios publicitarios, ya sean en prensa, radio o televisión, la normativa establece que deben ser identificados de manera efectiva ante el consumidor como publicidad, y éste será otro de los aspectos que se controlará en esta amplia campaña de inspecciones, que se prolongará hasta el próximo otoño.
En relación con la publicidad, la Dirección General de Consumo de la Junta recomienda a las personas consumidoras, además de conocer sus derechos y actuar cuando crean que éstos han sido vulnerados, mantener una actitud crítica, no comprar por impulso, no dejarse presionar por una publicidad agresiva, conservar todos los documentos (como folletos o catálogos) y estudiar bien la letra pequeña.
