La alcaldesa, María José García-Pelayo, se jactó ayer de presumir de la legalidad del ERE que ha mandado a la calle a 260 trabajadores del Ayuntamiento, con una frialdad pasmosa. Lo hizo en una entrevista en una emisora local, donde sin ni dar muestras de la más mínima sensibilidad con los 260 afectados, la señora Pelayo se dedicó a justificar lo injustificable.
Vino a decir que el ERE era necesario “por causas económicas y organizativas” del Ayuntamiento”, que se basaba en “criterios objetivos, lógicos y razonables” y que si alguien estaba en desacuerdo con su despido pues tendría que recurrir a los tribunales de Justicia y que allí ya se verá cada caso. Eso sí, se encargó de recalcar que no había sustento jurídico para una demanda colectiva contra el ERE, tal y como están planteando los sindicatos.
Las verdades como puño que no dijo Pelayo es que el ERE no está justificado económicamente, porque en el último año las cuentas del Ayuntamiento empezaron a sanearse, y que los criterios de selección de los 260 despedidos que hoy mismo están condenados al paro, se ha hecho desde la más absoluta falta de respeto, ética y legitimidad que debería demostrar un representante público. Lo viene a decir en su informe la Inspección de Trabajo (organismo dependiente del Gobierno central), cuando advierte que “no podemos determinar con precisión si su aplicación a cada caso particular ha sido efectivamente objetiva”. Con esta demoledora frase, escondida entre las farragosas líneas del lenguaje burocrático, se pone más que en evidencia la “objetividad” del ERE.
Estos despidos le pesarán como una losa, porque son una injusticia, una vendetta, una caza de trabajadores/as no afines al PP, que le molestan o no les ríen las gracias al delegado o delegada de turno. Señora Pelayo, no sólo condena al paro a 260 trabajadores y trabajadoras de Jerez, a 260 familias jerezanas, sino que lo hace sin ningún escrúpulo
