La formación política de IULV-CA elevará una moción al pleno de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y la Diputación provincial, para exigir al Gobierno central que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y no se modifique "de manera restrictiva" la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En la moción realizada por el área de la mujer de IU, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que el derecho de las mujeres a decidir es "parte fundamental de la lucha histórica del Movimiento Feminista" y subrayan que la trayectoria de esta lucha en España "ha sido larga".
Así, recuerda que en 1985 se produjo una despenalización parcial y que "tuvieron que pasar 25 años" para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo "algo más avanzada, pero aún con limitaciones inaceptables". Aseguran desde IU que esa "limitaciones" y la "tardanza" en la aprobación de nueva Ley, en 2010, ha propiciado que el PP pretenda amparase en que "no existe demanda social" para modificarla "retrotrayéndola a no sabemos cuándo".
"Con esta propuesta el PP esgrime viejos argumentos de épocas aparentemente superadas de fascismo y misoginia y tenemos que contestarle con firmeza", señalan.
Además, aseguran que no pueden consentir que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "pueda impunemente insultar a las mujeres atentando contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas", criticando que lo que se persigue es que se "relegue nuevamente" a la mujer al rol de madre, esposa y cuidadora.
Entienden que el derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad es un derecho fundamental y, como tal, consideran que "no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios".
Por eso, a través de esta moción que será presentada por los portavoces del Grupo municipal ante los plenos de los ayuntamientos gaditanos, se pretende elevar al Gobierno de España la "solicitud-exigencia" de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y no se modifique "de manera restrictiva" la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Además, solicitan que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozca, "como reivindican numerosas organizaciones de mujeres en el manifiesto de la Plataforma Mujeres ante el Congreso", al menos las siguientes materias: despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización en el Código Penal; y asegurar la plena capacidad de las mujeres, "incluyendo las jóvenes", para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas; asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular total prestación sanitaria también para acceder a la IVE.
Asimismo, solicitan la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios del ámbito socio-sanitario; en el desarrollo de acciones formativas que, desde el enfoque de género, capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de garantizar la preparación integral de los y las profesionales para las lleven a cabo.
Finalmente, reclaman un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación "efectiva" de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, "con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios".
