La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha procedido a la apertura de un expediente sancionador a la empresa APEMSA por verter aguas sin la debida depuración a la Bahía de Cádiz, incumplimiento las normas legales y la propia autorización de vertidos.
Igualmente, se ha informado que el laboratorio de APEMSA, actualmente privatizado, en la EDAR Las Galeras no está homologado y sus datos carecen de fiabilidad.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha comunicado que viene realizando esta denuncia desde hace años, ya que, según afirman, “APEMSA no depura convenientemente las aguas residuales e incumple los niveles máximos legales”. Del mismo modo, advierten, que “los datos aportados por la empresa municipal no se corresponden con la realidad”. En este sentido, indican que “los responsables de APEMSA solo informan a la población de la reducción de los niveles de contaminación, nunca de los valores absolutos de los parámetros”.
Las analíticas realizadas por el laboratorio de la Junta de Andalucía demuestra que la EDAR Las Galeras casi nunca cumple con los parámetros estipulados en el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo que regula los vertidos de aguas depuradas, ni la propia autorización de vertido concedida por la CAPMA; en ambos casos se exige el cumplimiento de los parámetros analíticos absolutos que viene utilizando Ecologistas en Acción en sus informes.
En el escrito facilitado por el delegado provincial de la CAPMA, se puntualiza que "se observan discrepancias muy acentuadas entre los datos de los autoanálisis efectuados en el laboratorio de Las Galeras, y los realizados en el laboratorio de la Junta de Andalucía ubicado en Palmones; según los autoanálisis de APEMSA el cumplimiento de las normas de emisión es casi total, según los efectuados por laboratorios externos y el de la Junta de Andalucía es lo contrario: superación generalizada de los límites; y que el laboratorio de Las Galeras carece de acreditación y fiabilidad".
Asismismo, Ecologistas en Acción ha denunciado que "la depuración es el único servicio que tiene ya privatizado APEMSA, estando en manos de la empresa FCC, que cobra por su mantenimiento casi tres millones de euros procedentes del recibo que pagamos todos".
Por ello, Ecologistas en Acción exige que se asuman responsabilidades ya que todos los ciudadanos pagan por la depuración de las aguas residuales, y exigen que la depuradora funcione con la máxima eficacia.
