Cádiz

El juicio por la 'Operación burbuja inmobiliaria' queda visto para sentencia

Las defensas siguen reclamando la libre absolución, mientras que las acusaciones han mantenido la petición de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados: un hombre y una mujer de 37 y 38 años, respectivamente

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido este miércoles la tercera y última sesión del juicio por la conocida como 'Operación burbuja inmobiliaria', que en 2009 supuso la detención de los dos encausados como presuntos responsables de un delito continuado de estafa mediante operaciones de ventas inmobiliarias fraudulentas en la provincia gaditana.

   El juicio ha quedado visto para sentencia tras una sesión que ha comprendido las conclusiones finales y la declaración de un perito experto en caligrafía propuesto por la defensa de la acusada, el cual ha manifestado que la firma que aparece en dos de los contratos no era suya.

   Las defensas siguen reclamando la libre absolución, mientras que las acusaciones han mantenido la petición de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados: un hombre y una mujer de 37 y 38 años, respectivamente.

   El juicio arrancó este lunes en una sesión en la que ambos se declararon "inocentes" y achacaron al otro la responsabilidad de los hechos que se les imputan.

   Él, que era responsable de una inmobiliaria, aseguró que ella es "una profesional del engaño y de la estafa" y que no era conocedor de lo que ésta hacía con el dinero.

   Por su parte, ella defendió que el responsable es él, que lo único que quería era vender cuatro pisos que tenía en propiedad, para lo que había recurrido al otro acusado, ignorando que éste supuestamente no devolvía la señal cuando se realizaba una venta. La segunda sesión se centró en la declaración de los supuestos perjudicados.

   El caso salió a la luz en marzo de 2009, cuando los reseñados fueron detenidos acusados de estafar a una veintena de personas, al haber vendido los mismos pisos a varios compradores y quedarse, supuestamente, con los anticipos que los perjudicados entregaban. De esta manera, habrían obtenido unos beneficios superiores a los 200.000 euros.

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