La organización ecologista WWF mantendrá el próximo martes 23 de octubre una reunión con el secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, Sergio Moreno, una reunión en la que se tratará la situación resultante del vertido de aguas residuales urbanas sin depurar de los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado (Huelva), todos ellos municipios del entorno del espacio natural de Doñana.
Así lo ha confirmado a Europa Press el responsable de la Oficina de WWF para Doñana, Juan José Carmona, que ha concretado que el encuentro no es de carácter extraordinario ni este tema se tratará de manera específica, sino que será uno de los asuntos que llevarán después de haber presentado al respecto una queja ante la Comisión Europea por el incumplimiento de las directivas comunitarias sobre política de aguas y tratamiento de las aguas residuales urbanas.
En este sentido, la organización ecologista considera "inadmisible" el retraso en la aplicación de la normativa comunitaria en materia de aguas residuales, que fijó como fecha límite el año 2005 para que todas las poblaciones tuvieran depuradas sus aguas urbanas. Así, lamenta que siete años después la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no se ponen de acuerdo para acabar las obras, permitiendo que Doñana siga contaminándose día tras día".
WWF ha enviado un escrito a la UE, acompañado de un CD con imágenes del suceso y un informe con el resultado de los análisis realizados a las aguas de Doñana, que revelan concentraciones de contaminantes que multiplican por ocho la cantidad máxima admisible.
Se da la circunstancia de que además, el pasado día 4 de octubre, España era sancionada por el Tribunal de Luxemburgo por el incumplimiento de la Directiva Marco de Agua, al no haber aprobado los planes hidrológicos de cuenca, entre otros, el del Guadalquivir, donde se ubica Doñana.
Estos planes deben incluir medidas para evitar el deterioro de las aguas dulces y conseguir el objetivo de su conservación en buen estado ecológico, lo que presupone control de vertidos y eliminación de todas las sustancias peligrosas prioritarias. Esta sentencia se suma a la que recibió España en abril de 2011 por incumplimiento de la Directiva de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales Urbanas. Si España persevera en su incumplimiento, se expone a sanciones millonarias.
