Los sindicatos han convocado para este martes a los funcionarios de la Administración de Justicia para concentrarse ante las puertas del Ministerio, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, en protesta contra los "recortes", el "copago judicial" con la aplicación de nuevas tasas y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los sindicatos CC.O0, UGT, CSIF y STAJ han llamado a los funcionarios a participar en esta movilización, que dará comienzo a las 18.30 horas a la entrada de la sede del departamento ministerial, ubicada en el número 45 de la calle San Bernardo, en Madrid.
Los trabajadores se quejan de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que aplicará unos "recortes injustos e injustificados" en esta Administración "tradicionalmente austera" y que "siempre" ha sufrido la precariedad de los medios personales y materiales.
Además, entienden que la reforma propuesta por Gallardón está "sustentada en falsedades" y advierten de que supondrá un "ataque" a la dignidad de los funcionarios, en caso de salir adelante. "Los recortes se sustentan en la existencia de un supuesto ahorro que no es tal, para destinarlo a otras partidas como por ejemplo el proyecto 'papel cero' de la Audiencia Nacional", añaden.
Las centrales sindicales tildan la reforma de "ilegal" y "discriminatoria" al haberse fraguado a espaldas de los trabajadores y vulnerando "gravemente" el derecho a la negociación colectiva. En este sentido, defienden que el actual texto legal es fruto de un acuerdo difícil que costó "muchos sacrificios" a los funcionarios.
Critican que la propuesta de reforma evidencia un desconocimiento de la Administración de Justicia y destacan que su modernización se debe llevar a cabo escuchando a quienes mejor conocen las peculiaridades de este sector. "Debe realizarse desde el consenso de todos los implicados en su desarrollo sin que haya lugar a negociaciones sectoriales o a imposiciones", afirman.
TASAS JUDICIALES
Los funcionarios protestan también contra las tasas que crearán una "Justicia de dos velocidades" y supondrán la "degradación" del derecho a la tutela judicial efectiva y la igualdad de todos los españoles.
"Una vez más, se intenta atajar el problema por el lado fácil, haciendo dejación de funciones y dejando en el camino a millones de ciudadanos, en especial los más débiles, que verán mermada, cuando no impedida, la posibilidad para ejercitar acciones legales para ver reconocidos sus derechos", añaden.
A su juicio, este "copago" judicial crea "una Justicia de primera, y una de segunda a las que se accede en función de los recursos económicos de que se disponga".
"A la Administración de Justicia le faltan medios personales y materiales desde hace demasiado tiempo sin que ningún gobierno haya hecho nada por asumir su responsabilidad a este respecto incluso a pesar del gravísimo aumento de trabajo por la crisis existente y siguen si hacerlo en los PGE para el año 2013. Sin Justicia no hay derechos o, lo que es lo mismo, no hay derecho que valga sin un tribunal que lo respalde en último término", concluyen.
