La secretaria provincial del PSOE de Cádiz y alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Irene García, asegura que continúa "perpleja" con las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, tras el "grave hecho" del robo de un alijo de dos toneladas de hachís por parte de un "grupo reducido" de ciudadanos. Le acusa de haber hecho un "uso fraudulento" de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para tildar a los sanluqueños de "analfabetos" y, además, de "narcotraficantes".
En una rueda de prensa, García ha recordado que De Torre dijo el pasado jueves, dos semanas después de que ocurriera aquel suceso, que "el 90 por ciento de los parados de Sanlúcar tiene una cualificación muy baja" --el 72,53% de los inscritos en el SAE tienen estudios básicos de ESO y un 18,17% no tiene estudios de ningún tipo, según ha concretado".
Así, lamenta la utilización "dañina" de los datos de la EPA y los inscritos en el SAE, al tiempo que le ha "retado" a hacer una comparativa "en cualquier municipio de la provincia, de Andalucía, o de España", ya que se conoce que las personas inscritas en el SAE "suelen ser las que tienen peor cualificación académica, no sólo en Sanlúcar".
Insiste en que De Torre está actuando más "como un comisario político" que como un representante institucional con esas declaraciones "gratuitas, mentirosas y torticeras que empañan el nombre de la ciudad". Por ello, ha expresado más "absoluta reprobación" y su petición de responsabilidad.
En este sentido, considera que "debería pedir disculpas a los sanluqueños". Explica que el Ayuntamiento ha remitido una carta a De Torre firmada por PSOE, CIS y PA exigiéndole una rectificación. Si no obtiene respuesta, aprobarán una moción en Pleno en este sentido.
Pese a que el subdelegado del Gobierno asegura haber solicitado varias reuniones a la alcaldesa para pedir su colaboración en la lucha contra el narcotráfico, García niega este extremo. En cualquier caso, asegura que estaría "encantada" de mantener cualquier reunión para "escuchar", ya que, según recuerda, la lucha contra el narcotráfico es competencia del Gobierno, que también es quien debe dotar de recursos a la Junta de Andalucía y el resto de instituciones para poder generar empleo.
